Separación con deudas: cómo repartirlas legalmente

En una separación con deudas, la pregunta importante no es solo quién “se queda” pagando, sino qué ocurre en la relación interna entre los cónyuges o excónyuges y qué sigue pudiendo reclamar el acreedor. En España, esa distinción es esencial: una cosa es el reparto interno del pasivo y otra, distinta, la responsabilidad frente al banco, la financiera, Hacienda u otros terceros.

Dicho de forma breve y práctica: las partes pueden pactar entre sí cómo asumir una deuda, pero ese acuerdo no suele bastar por sí solo para liberar a quien firmó frente al acreedor si este no consiente una novación, una subrogación o una modificación contractual. Por eso conviene analizar el régimen económico matrimonial, la titularidad del contrato, las garantías y la documentación bancaria antes de dar por hecho que “ya está repartido”.

Además, no conviene confundir separación, divorcio y liquidación del régimen económico matrimonial. La separación o el divorcio afectan al vínculo conyugal en términos distintos, mientras que la liquidación de gananciales se centra en inventariar bienes, derechos y deudas para fijar el activo, el pasivo y, en su caso, la adjudicación correspondiente. En materia de deudas, ese matiz suele ser decisivo.

1. Qué significa realmente una separación con deudas

Hablar de separación con deudas puede referirse a situaciones muy distintas: una hipoteca firmada por ambos, un préstamo personal suscrito por uno solo, tarjetas utilizadas para gastos familiares, avales prestados a favor de terceros o deudas fiscales vinculadas a una actividad económica. Jurídicamente, no todas esas obligaciones se tratan igual.

Si el matrimonio estaba sujeto a sociedad de gananciales, conviene partir del marco del Código Civil sobre las cargas y deudas de la sociedad. En particular, los artículos 1362 a 1365 CC ayudan a identificar qué deudas pueden ser de cargo de la sociedad de gananciales, y los artículos 1396 a 1410 CC resultan relevantes para su liquidación.

Ahora bien, incluso cuando una deuda pueda considerarse ganancial o común en el plano interno, eso no equivale automáticamente a que el acreedor solo pueda dirigirse contra uno de los cónyuges o contra determinados bienes. Habrá que valorar quién firmó, en qué concepto, si existe solidaridad, si hay garantía hipotecaria, si se aportó aval y qué dice exactamente la póliza o la escritura.

Idea clave: repartir internamente una deuda no siempre altera la obligación frente al tercero acreedor. Para saber quién debe asumir el pago entre las partes y quién puede ser reclamado por el acreedor, conviene revisar a la vez el régimen económico matrimonial y la documentación contractual.

2. Qué deudas pueden considerarse comunes y cuáles pueden ser privativas

En términos generales, en gananciales suele distinguirse entre deudas de cargo de la sociedad y deudas privativas. La calificación no depende solo del nombre del producto financiero, sino del origen, finalidad, fecha, titularidad y destino real de la obligación.

El artículo 1362 CC recoge, entre otros supuestos, deudas vinculadas al sostenimiento de la familia, la adquisición y disfrute de bienes comunes y la administración ordinaria de bienes privativos o gananciales en los términos legales. A partir de ahí, conviene examinar cada obligación concreta y no etiquetarla de forma automática como “común” o “privativa”.

Por su parte, una deuda puede tener carácter privativo cuando responde a intereses exclusivamente personales de uno de los cónyuges, a bienes privativos o a operaciones que no deban cargarse a la sociedad de gananciales. No obstante, la responsabilidad patrimonial efectiva y la posible afección de bienes concretos pueden requerir un análisis más preciso de los artículos 1366 a 1373 CC y de la actuación seguida por el acreedor.

En la práctica, suele ser útil reunir: contrato de préstamo o crédito, extractos, justificantes del destino del dinero, escritura de compraventa si la hubo, recibos, comunicaciones de la entidad y cualquier documento que permita acreditar si el gasto se orientó a necesidades familiares, a un negocio de uno de los cónyuges o a fines estrictamente personales como probar bienes privativos mezclados.

3. Cómo encaja el reparto de deudas en la liquidación de gananciales

La liquidación de gananciales no consiste solo en repartir bienes gananciales. También exige fijar el pasivo ganancial. Según el Código Civil, la liquidación parte de un inventario de activo y pasivo, pago de deudas y cargas, posibles reintegros y, finalmente, adjudicación del haber resultante.

Los artículos 1396 a 1410 CC proporcionan el esquema legal de esta operación. En términos prácticos, conviene identificar:

• Qué bienes integran el activo común.
• Qué deudas deben incluirse en el pasivo.
• Si existen créditos de un cónyuge frente a la sociedad o de la sociedad frente a un cónyuge.
• Cómo se adjudicarán bienes y qué compensaciones pueden resultar necesarias.

Aquí aparece una idea importante: que una deuda se atribuya internamente a uno de los cónyuges en la liquidación no implica por sí sola que el acreedor deje de poder dirigirse contra el otro si ambos estaban obligados frente a él. La liquidación ordena la relación patrimonial interna entre las partes, pero no sustituye el consentimiento del tercero en el contrato original.

Por eso, cuando se pretende que uno de los excónyuges asuma íntegramente una deuda, suele ser recomendable valorar si es posible tramitar con la entidad acreedora una modificación contractual. Dependiendo del caso, puede hablarse de novación, subrogación o liberación de uno de los deudores, pero ninguna de estas opciones debería darse por hecha sin aceptación expresa del acreedor y documentación suficiente.

4. Hipoteca, tarjetas, préstamos personales y avales: qué conviene revisar

No todas las deudas presentan el mismo riesgo al producirse la ruptura. En una revisión jurídica preventiva, conviene diferenciar al menos estos escenarios:

Hipoteca

Si ambos firmaron el préstamo hipotecario, lo habitual es que la deuda frente al banco siga vinculando a quienes constan como prestatarios mientras no exista una modificación aceptada por la entidad. Aunque uno de ellos se adjudique la vivienda o asuma internamente las cuotas, el banco puede mantener sus derechos según la escritura y el contrato. También conviene revisar si existe seguro vinculado, fiadores o cláusulas específicas sobre novación.

Tarjetas y líneas de crédito

En las tarjetas, importa mucho saber si el titular es uno solo, si existe cotitularidad o si había autorizados. El hecho de que los gastos se hicieran para necesidades familiares puede influir en el plano interno, pero la entidad emisora reclamará normalmente conforme a la titularidad contractual. Además, en productos revolving o créditos renovables conviene comprobar saldo, intereses, extractos y fecha de los consumos.

Préstamo personal

Un préstamo personal firmado por uno solo puede acabar siendo discutido en cuanto a su encaje interno si el dinero se destinó al hogar, a bienes gananciales o a una finalidad común. Sin embargo, si se inicia una reclamación por la entidad, la documentación del contrato y la firma suelen ser decisivas para determinar a quién reclama el acreedor en primer término.

Avales

Los avales merecen especial atención. Avalar no equivale a ser prestatario, pero puede generar una responsabilidad muy relevante si el deudor principal incumple. Si uno o ambos cónyuges avalaron una deuda ajena, habrá que revisar el texto exacto del aval, su alcance, si fue solidario, si afecta a bienes concretos y qué margen real existe para una eventual liberación.

En deudas fiscales o con la Seguridad Social conviene extremar la cautela. No siempre cabe simplificar su tratamiento como si fueran un préstamo ordinario, ya que pueden intervenir normas específicas, procedimientos de recaudación y responsabilidades vinculadas a la actividad desarrollada, a la titularidad formal o al régimen económico matrimonial. En estos casos, suele ser especialmente importante examinar las resoluciones, liquidaciones y expedientes concretos.

5. Qué puede pactarse en el convenio regulador y qué efectos tiene frente a terceros

Desde la libertad de pactos del artículo 1255 CC, las partes pueden ordenar internamente cómo asumir determinadas deudas, quién abonará las cuotas, cómo se compensarán entre sí o qué adjudicación de bienes se hace para equilibrar el reparto. Ese acuerdo puede reflejarse, en su caso, en el convenio regulador y en los documentos de liquidación correspondientes.

Ahora bien, conviene formularlo con prudencia jurídica: el convenio regulador puede ordenar las relaciones internas entre las partes, pero no alterar por sí solo los derechos del acreedor ajeno al acuerdo. Si en una hipoteca o en un préstamo figuran ambos como deudores, el pacto entre ellos no tiene por qué liberar frente al banco a quien sigue constando como obligado en el contrato.

Por eso, en la práctica, un buen acuerdo suele intentar responder a dos planos distintos:

1. El plano interno: quién paga, desde cuándo, con qué compensaciones y qué ocurre si una de las partes incumple.
2. El plano externo: si se solicitará al acreedor una novación, una subrogación, una liberación de codeudor o cualquier otra modificación contractual.

Si no hay consentimiento del acreedor, el pacto puede seguir siendo útil entre las partes para exigir internamente el cumplimiento o, en su caso, reclamar lo pagado de más por quien asumió una deuda que el acuerdo atribuía al otro. Pero habrá que valorar la redacción exacta, la documentación y la situación patrimonial de cada uno para medir su eficacia real.

6. Errores frecuentes y cuándo conviene recopilar documentación o pedir asesoramiento

• Dar por hecho que la deuda se divide al 50 %. Puede ocurrir en algunos equilibrios internos, pero no es una regla automática aplicable a todo supuesto.
• Confundir adjudicación de un bien con liberación de la deuda. Quedarse con la vivienda no implica necesariamente salir o dejar salir al otro de la hipoteca.
• No revisar quién firmó realmente. En tarjetas, avales o préstamos personales, la titularidad documental puede cambiar por completo el análisis.
• Olvidar el destino del dinero. Para discutir si una deuda fue común o privativa, los justificantes del uso del préstamo pueden ser determinantes.
• Pensar que el convenio regulador basta frente al banco o la financiera. Sin consentimiento del acreedor, esto puede no ser suficiente.

Antes de firmar un acuerdo o de iniciar una reclamación, suele ser aconsejable recopilar: escrituras, pólizas, cuadros de amortización, extractos de tarjetas, recibos, certificados de saldo, notas simples si hay inmuebles, documentación fiscal relacionada y cualquier comunicación de la entidad acreedora. Cuanta más precisión exista sobre titularidad del préstamo, garantías y destino de los fondos, más sólido será el análisis.

También conviene pedir asesoramiento cuando exista responsabilidad solidaria, cuando una de las partes haya dejado de pagar, si hay avalistas, si se pretende modificar una hipoteca o cuando el pasivo pueda afectar a la liquidación de bienes gananciales de forma relevante. En estos supuestos, el detalle documental suele importar tanto como la calificación jurídica.

La idea esencial es esta: repartir internamente una deuda no equivale a quedar liberado frente al acreedor. En una ruptura conviene distinguir entre deudas comunes o de cargo de la sociedad, deudas privativas y responsabilidad frente a terceros, revisando siempre contratos, titularidad, régimen económico matrimonial y posibles garantías como hipoteca o aval.

Si quieres evitar errores costosos, el siguiente paso razonable suele ser ordenar toda la documentación y analizar cada deuda una por una antes de firmar acuerdos. Con ese enfoque, puede valorarse mejor qué puede pactarse, qué margen hay para una modificación contractual y qué riesgos reales existen en una separación con deudas.