Divorcio con cuentas de ahorro infantil: qué pasa

Panorama general

Cuando una pareja con hijos se separa o tramita el divorcio, surge la duda de qué ocurre con las cuentas de ahorro infantil. Estas cuentas suelen crearse para acumular pequeñas aportaciones familiares, regalos o ingresos destinados a estudios y necesidades futuras del menor. El punto clave es distinguir entre quién figura como titular, quién actúa como representante legal y, sobre todo, cuál es el origen del dinero. A partir de aquí se definen derechos, límites de disposición y la forma de gestionar los fondos sin lesionar el interés superior del menor.

En términos prácticos, el banco permite que los progenitores administren las cuentas del hijo en virtud de la patria potestad. Sin embargo, esa facultad está condicionada a emplear los fondos en gastos propios del menor y a conservar el capital si se trata de donaciones o ahorros específicos para su futuro. El divorcio no convierte automáticamente el saldo en un “bien común” de los cónyuges; lo decisivo es si el dinero pertenece al menor o si procede del patrimonio ganancial y, por tanto, es de los progenitores hasta que se materializa como una liberalidad irrevocable en favor del hijo.

Así, durante la ruptura conviene actuar con cautela: documentar movimientos, evitar reintegros unilaterales sin consenso y, de ser necesario, pactar por escrito reglas de uso. Cuando hay conflicto, un juez puede adoptar medidas de control, exigir autorización para disposiciones relevantes o incluso designar cautelas para impedir extracciones que pongan en riesgo los ahorros del menor.

Marco legal y principios

La gestión del patrimonio de los hijos menores se rige por la patria potestad y por el principio del interés superior del menor. Este principio impregna toda decisión: desde la administración ordinaria de una libreta de ahorro hasta la autorización de movimientos extraordinarios. Las normas sobre regímenes económicos matrimoniales (gananciales, separación de bienes o participación) inciden cuando el dinero procede de cada progenitor, pero pierden protagonismo si el titular del saldo es el menor y los fondos se han afectado a su exclusivo beneficio.

De forma general, los representantes legales pueden realizar actos de administración ordinaria sin recabar permisos, mientras que los actos de disposición relevantes exigen mayor cautela. La jurisprudencia viene señalando que la finalidad de los fondos es determinante: si fueron constituidos como ahorro finalista para educación o salud del menor, la disponibilidad pese al divorcio debe preservar esa finalidad. En contextos de alta conflictividad, el control judicial o la intervención del Ministerio Fiscal puede entrar en juego.

• Interés superior del menor como criterio rector.
• Diferencia entre administración ordinaria y actos de disposición.
• Coordinación con el régimen económico matrimonial cuando corresponda.

Titularidad y origen de los fondos

El primer análisis pasa por identificar la titularidad de la cuenta: si el menor aparece como titular y los progenitores como representantes, el saldo, en principio, pertenece al menor. No obstante, también pueden existir cuentas a nombre de los padres, “etiquetadas” para el menor; en ese caso, salvo prueba en contrario, el dinero sigue siendo de los adultos y se incluye en el inventario del matrimonio, con las salvedades que correspondan.

El segundo eje es el origen del dinero: donaciones de abuelos u otros familiares, regalos, prestaciones específicas, o simples aportaciones periódicas de los progenitores. Si se acredita que las sumas fueron donadas al hijo y depositadas en su cuenta, estamos ante patrimonio del menor. Por el contrario, si son transferencias sin afectación ni prueba de liberalidad, especialmente a cuentas de los padres, podría considerarse capital conyugal (o privativo, según el régimen).

• Cuenta a nombre del menor: presunción de propiedad del menor, salvo indicios serios de simulación.
• Cuenta a nombre de los progenitores: el saldo sigue su régimen (ganancial, privativo, etc.).
• Prueba: justificantes de transferencias, cartas de donación, anotaciones bancarias, mensajes y documentos que evidencien finalidad.

En divorcio, estas distinciones evitan equívocos: no se “parte por mitades” una cuenta del menor, pero sí se pueden repartir entre los progenitores las obligaciones de aportación futura o los gastos del menor a los que ese ahorro estaba destinado.

Acceso y gestión de las cuentas

Las entidades suelen permitir operativa indistinta a cualquiera de los progenitores representantes. En separación, para reducir riesgos, puede pedirse que el banco marque la cuenta con requisitos adicionales (doble firma para disposiciones superiores a una cantidad, avisos SMS, o bloqueo parcial de reintegros en efectivo). Estas medidas no alteran la propiedad del saldo, pero añaden controles que desalientan usos impropios.

Otra vía es migrar el ahorro a productos con restricción de rescate (p. ej., depósitos a nombre del menor con vencimiento o cuentas con tope de retirada), siempre que sea proporcional y no perjudique la liquidez necesaria para gastos ordinarios (libros, material, salud). El objetivo es equilibrar protección y flexibilidad.

Retiros irregulares y responsabilidades

Si uno de los progenitores realiza reintegros para fines propios, sin relación con el menor, puede incurrir en mala administración y tener que reintegrar los fondos. El otro progenitor puede solicitar cautelas, información bancaria y, si procede, denunciar los hechos en vía civil e incluso penal cuando hay ánimo de apropiación. En sede de familia, el juez puede acordar que determinadas operaciones requieran autorización previa o que se reponga el saldo.

No todos los retiros son irregulares: gastos de alimentación, educación, salud o actividades razonables del menor encajan en la administración. El conflicto suele surgir en compras que exceden lo ordinario (viajes, electrónica de alto coste, transferencias a terceros) o que benefician al progenitor. La pauta es documentar el destino de cada retirada y anticipar el debate en el convenio regulador.

• Registro de movimientos y destino del gasto.
• Reposición del saldo si se acredita uso indebido.
• Posible responsabilidad civil y medidas de control judicial.

Pruebas documentales y bancarias

Para acreditar la naturaleza del dinero es esencial recopilar extractos bancarios, justificantes de transferencias y cualquier documento de donación. Los bancos pueden emitir certificados de titularidad, firmantes y condiciones de operativa. En caso de conflicto, el historial completo de movimientos ayuda a reconstruir el flujo de fondos y a vincular ingresos concretos (regalos, becas, indemnizaciones) con el menor.

Las comunicaciones familiares (emails, mensajes) sirven como indicio de la finalidad del ahorro: por ejemplo, acuerdos para ingresar regalos de comunión o ingresos periódicos “para la universidad”. Cuanta más trazabilidad, menos margen para discutir si el saldo es del menor o del matrimonio.

Acuerdos y cláusulas recomendadas

El convenio regulador o el plan de parentalidad es el lugar idóneo para fijar reglas de uso. Incluir cláusulas claras reduce fricciones y evita acudir al juzgado por cada compra. Además, muchas entidades ejecutan sin dificultad acuerdos privados si las instrucciones son inequívocas y firmadas por ambos representantes.

• Finalidad del ahorro: educación, salud y actividades del menor.
• Topes de disposición: doble autorización para importes superiores a una cantidad.
• Transparencia: envío mensual de extractos a ambos progenitores.
• Reposición: obligación de reponer saldos usados indebidamente.
• Producto financiero: migración a cuenta/deposito con restricciones razonables.

Medidas cautelares y bloqueos

Si existe riesgo de vaciamiento, puede pedirse al juzgado medidas cautelares para bloquear temporalmente extracciones o exigir doble autorización. El banco actuará cuando reciba mandamiento o cuando ambos progenitores instruyan por escrito nuevas reglas. Estas medidas deben ser proporcionales y temporales, evitando perjudicar al menor con bloqueos que impidan cubrir gastos ordinarios.

En casos de especial gravedad (sustracción de fondos, resistencias a rendir cuentas), pueden adoptarse soluciones como la intervención de cuentas mediante auditoría periódica o la designación de un administrador para actos concretos. Todo ello sin olvidar que la finalidad última es proteger el ahorro del menor, no castigar al progenitor.

Fiscalidad, becas y prestaciones

Los rendimientos que generen las cuentas del menor, en principio, tributan a su nombre, si bien la obligación formal recae en sus representantes. Además, algunas becas, ayudas o prestaciones tienen en cuenta el patrimonio y los ingresos de la unidad familiar; por ello conviene planificar el ahorro para no afectar negativamente a la elegibilidad. La coordinación entre fiscalidad familiar y planificación financiera evita sorpresas.

A efectos bancarios, los abonos de regalos o donaciones pequeñas suelen carecer de trascendencia fiscal inmediata, pero si hay ingresos elevados conviene documentarlos para justificar su procedencia. Una correcta clasificación de movimientos también ayuda ante revisiones de becas o prestaciones.

Procedimiento práctico y plazos

En la práctica, el itinerario recomendado comienza por una auditoría doméstica de cuentas: titularidades, saldos, productos asociados y reglas actuales. Luego se redacta una propuesta de acuerdo con límites de disposición, rendición de cuentas y destino de fondos. Si hay consenso, se incorpora al convenio o se formaliza por escrito y se entrega al banco. Si no hay acuerdo, se solicita al juzgado la adopción de medidas con carácter provisional.

• Inventario y recopilación de pruebas.
• Propuesta escrita y negociación.
• Ejecución bancaria de las nuevas reglas.
• Seguimiento trimestral y revisión anual.

Este enfoque ordenado minimiza la litigiosidad y preserva el objetivo: que el ahorro sirva al menor, con controles razonables y transparencia entre progenitores.

Preguntas frecuentes