Divorcio contencioso: cómo afrontarlo bien

Qué es un divorcio contencioso y cuándo suele plantearse

El divorcio contencioso es el procedimiento judicial que se utiliza cuando no existe acuerdo suficiente entre los cónyuges para divorciarse o para fijar las medidas personales y económicas derivadas de la ruptura. Suele plantearse cuando hay discrepancias sobre la custodia, el régimen de visitas, la pensión alimenticia, el uso de la vivienda familiar o una eventual pensión compensatoria.

En España, el marco sustantivo principal se encuentra en el Código Civil y la tramitación procesal, con carácter general, en los arts. 769 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con especial relevancia del art. 770 LEC para el procedimiento contencioso de nulidad, separación y divorcio. Desde el inicio conviene preparar bien la estrategia, porque la decisión judicial dependerá en gran medida de lo que se solicite, de la documentación aportada y de la prueba que pueda practicarse.

No todos los conflictos familiares exigen la misma respuesta. En ocasiones, aunque se inicie una demanda de divorcio, una negociación paralela puede ayudar a reducir la tensión procesal o incluso facilitar acuerdos parciales durante el procedimiento.

Qué cuestiones puede tener que decidir el juzgado

Si se inicia un procedimiento contencioso, el juzgado puede tener que pronunciarse sobre la disolución del vínculo matrimonial y sobre las medidas que deban regir tras el divorcio. Conforme a los arts. 90, 91, 92, 93, 94, 96 y 97 del Código Civil, habrá que valorar, según el caso, cuestiones como la guarda y custodia de los hijos menores, el régimen de estancias, visitas y comunicaciones, la contribución a los alimentos, el uso de la vivienda familiar y la posible pensión compensatoria.

Es importante distinguir esto de lo que ocurre en un divorcio de mutuo acuerdo. En ese supuesto, las partes presentan un convenio regulador con las medidas pactadas, dentro del marco legal aplicable. En cambio, en el divorcio contencioso no hay inicialmente ese acuerdo completo, por lo que será el juzgado quien resuelva aquello que permanezca controvertido.

Que exista conflicto no significa que todo deba decidirse necesariamente por sentencia tras un proceso largo. Puede haber acuerdos parciales o una transformación posterior en una solución consensuada, pero conviene analizar si esa vía resulta viable en función del momento procesal y de la posición de ambas partes.

Cómo encajan las medidas provisionales en los casos urgentes

Las medidas provisionales pueden ser especialmente relevantes cuando no es razonable esperar a la sentencia para ordenar la situación familiar y económica. Si se solicitan y concurren los presupuestos legales, pueden servir para fijar temporalmente aspectos como la custodia, las visitas, la atribución del uso de la vivienda familiar o las contribuciones económicas mientras se tramita el procedimiento principal.

Su conveniencia dependerá de la urgencia real, de la existencia de hijos menores, de la situación de convivencia y de la necesidad de evitar perjuicios durante la tramitación. No son obligatorias en todos los casos, ni sustituyen a la resolución definitiva: cumplen una función de ordenación provisional que habrá que sostener con hechos y documentación suficiente.

Custodia, régimen de visitas y pensión alimenticia: qué habrá que acreditar

Cuando hay hijos menores, el criterio central será el interés del menor. La decisión sobre custodia y régimen de visitas no depende solo de lo que solicite cada progenitor, sino de las circunstancias concretas del caso y de la prueba disponible. Puede ser relevante acreditar la implicación previa en los cuidados, la disponibilidad real, la estabilidad del entorno y la capacidad de atender adecuadamente las necesidades de los hijos.

En materia de pensión alimenticia, el art. 93 CC sirve de referencia para la contribución a los alimentos de los hijos, pero su cuantía no se fija de forma automática: habrá que valorar necesidades, ingresos, cargas y documentación económica de ambas partes. Nóminas, declaraciones fiscales, extractos bancarios o justificantes de gastos habituales pueden ser determinantes.

En algunos supuestos pueden intervenir pruebas periciales, por ejemplo si existe controversia relevante sobre necesidades económicas o sobre cuestiones parentales que exijan una valoración técnica. Ahora bien, no son necesarias en todos los procedimientos y su utilidad dependerá del objeto real del conflicto.

Pensión compensatoria, vivienda familiar y reparto de bienes: qué conviene valorar

La pensión compensatoria, prevista en el art. 97 CC, puede valorarse cuando el divorcio produzca en uno de los cónyuges un desequilibrio económico en relación con la posición del otro que implique un empeoramiento respecto de su situación anterior en el matrimonio. No procede por el mero hecho de divorciarse: habrá que analizar trayectoria laboral, dedicación a la familia, posibilidades de acceso al empleo, edad, salud y demás circunstancias relevantes.

Respecto del uso de la vivienda familiar, el art. 96 CC ofrece el marco general, pero la atribución concreta dependerá de la existencia de hijos, de las medidas de guarda y de la situación familiar que resulte acreditada. No conviene tratar esta cuestión como un automatismo, porque exige valorar el conjunto de circunstancias concurrentes.

En cuanto al reparto de bienes, conviene distinguir el divorcio de la liquidación del régimen económico. Aunque ambas materias están relacionadas, no siempre se resuelven del mismo modo ni en el mismo momento procesal. Por eso, antes de presentar demanda o contestación, suele ser útil revisar inventarios, titularidades, cargas, movimientos patrimoniales y la documentación del régimen matrimonial aplicable.

Pruebas, plazos, costas y errores frecuentes antes de iniciar el procedimiento

Antes de iniciar un procedimiento de divorcio contencioso, conviene definir qué se pide exactamente y con qué base probatoria. La prueba documental suele ser esencial: certificados, empadronamiento, documentación económica, escolar, médica o patrimonial, según el objeto del litigio. Una demanda genérica o una contestación poco estructurada puede debilitar la posición procesal.

También es prudente no dar por hecho plazos uniformes o resultados previsibles, porque la duración práctica puede variar según la carga del órgano judicial, la complejidad del caso y la necesidad de practicar prueba. Lo mismo ocurre con las costas: su imposición dependerá del curso del procedimiento y de la resolución que se dicte, conforme a las reglas procesales aplicables.

• Iniciar el proceso sin reunir documentación suficiente.
• Confundir el conflicto sobre los hijos con el debate patrimonial.
• Presentar el divorcio como si implicara automáticamente la liquidación de todos los bienes.
• Descartar demasiado pronto una negociación útil sobre medidas concretas.

En definitiva, afrontar bien un divorcio contencioso exige realismo, orden y buena prueba. Antes de presentar demanda o contestación, suele ser razonable buscar asesoramiento especializado para valorar riesgos, documentación y estrategia, especialmente cuando hay menores, vivienda familiar o cuestiones económicas relevantes.