Divorcio por pérdida de confianza: pasos legales

Hablar de divorcio por pérdida de confianza es habitual en búsquedas y conversaciones, pero conviene aclararlo desde el inicio: en España no existe una modalidad jurídica autónoma con ese nombre. La denominación legal vigente es simplemente divorcio, y desde la reforma del Código Civil por la Ley 15/2005 no es necesario alegar ni probar una causa concreta para solicitarlo.

En otras palabras, la infidelidad, la quiebra de confianza, la falta de confianza en la pareja o el deterioro de la convivencia pueden ser el motivo personal de la ruptura matrimonial, pero no crean un régimen legal distinto. Si se inicia el procedimiento, habrá que centrarse en los pasos legales del divorcio, las medidas sobre hijos o vivienda y, en su caso, el contenido del convenio regulador.

Qué significa realmente hablar de divorcio por pérdida de confianza

Definición breve: en España no existe un tipo legal de divorcio por pérdida de confianza; existe un divorcio cuya motivación personal puede ser esa ruptura de la confianza.

El artículo 86 del Código Civil establece que el divorcio se decretará judicialmente a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cumpliendo los requisitos legales. Por eso, las causas del divorcio ya no funcionan como presupuesto que haya que demostrar.

Si conviene distinguir entre separación y divorcio, pueden revisarse los artículos 81 y 82 del Código Civil. La separación no disuelve el vínculo matrimonial; el divorcio sí lo disuelve.

Cuándo la falta de confianza influye en la decisión de divorciarse, aunque no sea una causa legal autónoma

En la práctica, la ruptura matrimonial suele venir precedida por una crisis de pareja: infidelidad, ocultación patrimonial, conflictos de convivencia o una quiebra de confianza sostenida. Todo ello puede explicar por qué una persona decide divorciarse, aunque no cambie por sí mismo el cauce legal del procedimiento.

Lo relevante será valorar si habrá acuerdo o no, si existen hijos menores, qué régimen económico matrimonial resulta aplicable y qué medidas conviene solicitar al juzgado conforme a los artículos 91 a 96 del Código Civil.

Qué pasos legales conviene seguir antes de presentar la demanda

1. Analizar la situación familiar y económica. Habrá que identificar si hay hijos, vivienda familiar, cuentas comunes, deudas o bienes gananciales o privativos.
2. Reunir documentación básica. Suele ser útil disponer de certificado de matrimonio, certificados de nacimiento de los hijos, información económica y documentos sobre vivienda o préstamos.
3. Valorar si puede tramitarse de mutuo acuerdo. Si existe acuerdo, el proceso suele ser más previsible y permite presentar un convenio regulador.
4. Definir las medidas a solicitar. Custodia de hijos, pensión de alimentos, uso de la vivienda familiar o pensión compensatoria dependerán de cada caso.
5. Elegir la vía procesal adecuada. Los procedimientos matrimoniales se encuadran, con carácter general, en los artículos 769 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cómo encajar el convenio regulador si hay acuerdo entre las partes

Si el divorcio de mutuo acuerdo es viable, el artículo 90 del Código Civil regula el convenio regulador. En ese documento pueden recogerse, entre otras cuestiones, las medidas sobre los hijos, el uso de la vivienda familiar, la contribución a las cargas del matrimonio o, cuando proceda, determinadas bases económicas del cese de convivencia.

Conviene no confundir este contenido con la liquidación del régimen económico matrimonial, que puede tramitarse conjuntamente o en un momento posterior, según el supuesto y la estrategia jurídica más adecuada.

Qué habrá que valorar si hay hijos, vivienda familiar o bienes comunes

Cuando hay menores, la referencia principal debe ser su interés superior. La custodia de hijos, el régimen de estancias y la pensión de alimentos no dependen de forma automática de una infidelidad o de la vida sentimental de uno de los progenitores.

Respecto de la vivienda, el uso de la vivienda familiar habrá que valorarlo conforme a las circunstancias concretas y al marco de los artículos 91 a 96 del Código Civil. En cuanto al reparto de bienes, será esencial distinguir entre las medidas propias del divorcio y la posterior liquidación de gananciales, si ese fuera el régimen aplicable.

También puede ser necesario examinar ingresos, cargas familiares, titularidad de bienes, deudas y capacidad real de alcanzar acuerdos estables.

Qué utilidad real pueden tener las pruebas de infidelidad o de otros conflictos

Las pruebas de infidelidad normalmente no son necesarias para obtener el divorcio, porque no hace falta acreditar una causa. Por ello, muchas veces centrar el asunto en demostrar una deslealtad sentimental no aporta ventaja procesal directa.

Distinto es que, en conflictos paralelos, pueda interesar documentar hechos concretos: movimientos patrimoniales, incumplimientos, situaciones de tensión relevantes para medidas familiares o cuestiones económicas. Aun así, conviene actuar con prudencia y dentro de la legalidad probatoria, evitando pensar que tales pruebas producirán efectos automáticos sobre custodia, vivienda o pensiones.

Errores frecuentes y cuándo conviene pedir asesoramiento

• Creer que la pérdida de confianza crea una modalidad especial de divorcio.
• Pensar que la infidelidad decide por sí sola la custodia de hijos o el uso de la vivienda familiar.
• Confundir el divorcio con la liquidación del régimen económico matrimonial.
• Firmar acuerdos sin revisar su encaje legal y su viabilidad futura.

Pedir asesoramiento jurídico temprano puede ayudar a ordenar la documentación, valorar si cabe acuerdo y enfocar correctamente la demanda o el convenio regulador. Especialmente si hay menores, empresa familiar, deudas o conflicto económico, conviene analizar el caso con detalle.

En resumen, el llamado divorcio por pérdida de confianza no es una categoría legal propia en España, sino una forma coloquial de referirse a una ruptura cuya motivación personal puede ser la quiebra de confianza. Lo prudente es centrarse en las medidas realmente relevantes y dar como siguiente paso una revisión jurídica de la situación concreta antes de presentar la demanda.