Divorcio y alquiler con impago del otro cónyuge

Marco legal del alquiler en caso de divorcio

Cuando un matrimonio se divorcia y la vivienda familiar es de alquiler, se genera una situación jurídica compleja en la que confluyen tres partes: los cónyuges y el arrendador. La normativa principal que regula estas situaciones es la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el Código Civil y, en su caso, la jurisprudencia que interpreta cómo se reparten derechos y obligaciones cuando uno de los cónyuges deja de pagar el alquiler.

Es esencial distinguir entre la relación interna entre los cónyuges (quién debe pagar, cómo se reparte el coste, qué dice el convenio regulador) y la relación externa con el propietario, que se rige por el contrato de arrendamiento. Aunque el juez de familia pueda atribuir el uso de la vivienda a uno de los cónyuges, ello no modifica por sí mismo las obligaciones frente al arrendador, salvo que se acuerde expresamente una novación del contrato.

Quién responde del alquiler tras el divorcio

La responsabilidad por el pago del alquiler tras el divorcio depende, en primer lugar, de cómo esté redactado el contrato de arrendamiento y, en segundo lugar, de lo que se haya pactado en el convenio regulador o en la sentencia de divorcio. Sin embargo, para el arrendador, lo determinante será lo que figure en el contrato, no lo que los cónyuges acuerden entre sí.

• Contrato a nombre de ambos cónyuges: lo habitual es que exista responsabilidad solidaria, es decir, el propietario puede reclamar el 100% de las rentas a cualquiera de los dos.
• Contrato a nombre de un solo cónyuge: ese cónyuge es el arrendatario frente al propietario, aunque el otro haya contribuido al pago mientras duró el matrimonio.
• Contrato firmado antes del matrimonio: si uno ya era inquilino y luego se casó, seguirá siendo el único responsable salvo que se haya modificado el contrato.
• Existencia de avalistas: si hay padres u otros familiares como avalistas, también pueden ser reclamados por el impago, independientemente del divorcio.

La responsabilidad solidaria implica que, aunque internamente se haya acordado que uno de los cónyuges asuma el pago, si este incumple, el arrendador puede dirigirse contra el otro y exigirle la totalidad de la deuda. Posteriormente, ese cónyuge podrá repetir contra su ex pareja para recuperar lo pagado de más.

Impago del otro cónyuge y reclamación de deudas

Una de las situaciones más frecuentes es que, tras el divorcio, el cónyuge que permanece en la vivienda de alquiler deje de pagar la renta, confiando en que el propietario reclamará también al otro. Esto genera un conflicto doble: con el arrendador, que puede iniciar un procedimiento de desahucio, y entre los propios ex cónyuges, por el reparto de la deuda y las consecuencias económicas del impago.

Responsabilidad frente al arrendador

Si ambos figuran como arrendatarios, el arrendador tiene derecho a reclamar la totalidad de las rentas impagadas a cualquiera de ellos, sin necesidad de dividir la reclamación. Esto significa que, aunque tú hayas abandonado la vivienda tras el divorcio y no la estés utilizando, puedes verte obligado a pagar las mensualidades que tu ex pareja ha dejado de abonar.

Acción de repetición contra el ex cónyuge

Una vez que uno de los cónyuges paga al arrendador más de lo que le corresponde según lo pactado internamente (por ejemplo, en el convenio regulador), nace a su favor un derecho de repetición frente al otro. En la práctica, esto se traduce en la posibilidad de reclamar judicialmente a la ex pareja las cantidades abonadas en su lugar.

• Reclamación extrajudicial previa (burofax o requerimiento fehaciente).
• Demanda civil de reclamación de cantidad.
• Posible compensación con otras obligaciones (pensión de alimentos, compensatoria, etc.), si así lo autoriza el juez.

Vivienda familiar en alquiler y uso tras el divorcio

La atribución del uso de la vivienda familiar es una de las decisiones centrales en cualquier proceso de divorcio, especialmente cuando hay hijos menores. Aunque la vivienda sea de alquiler, el juez puede atribuir su uso a uno de los cónyuges, normalmente al que ostente la guarda y custodia de los hijos, con independencia de quién figure como arrendatario en el contrato.

Esta atribución de uso no modifica automáticamente la titularidad del contrato de arrendamiento, pero sí condiciona quién tiene derecho a permanecer en la vivienda y durante cuánto tiempo. El cónyuge no adjudicatario deberá abandonar el inmueble en el plazo que se fije, salvo que se alcance un acuerdo distinto.

Duración del derecho de uso

La duración del derecho de uso de la vivienda en alquiler puede fijarse:

• Hasta la mayoría de edad o independencia económica de los hijos.
• Por un plazo determinado (por ejemplo, 2 o 3 años) si no hay hijos o son mayores de edad.
• Hasta que se produzca un cambio sustancial de circunstancias (nuevo matrimonio, convivencia con tercera persona, traslado, etc.).

Aunque el uso se atribuya a uno de los cónyuges, el juez puede distribuir la carga del pago del alquiler de forma distinta, por ejemplo, obligando al otro a asumir una parte o la totalidad de la renta como forma de contribuir al sostenimiento de los hijos o como medida compensatoria.

Relación con el propietario y riesgo de desahucio

El arrendador no está obligado a aceptar los acuerdos internos de los cónyuges ni las decisiones del juez de familia sobre el uso de la vivienda, salvo que se le notifiquen formalmente y se modifique el contrato de arrendamiento. Su principal interés es cobrar la renta y proteger su propiedad, por lo que, ante el impago, puede iniciar un procedimiento de desahucio por falta de pago contra todos los arrendatarios que figuren en el contrato.

Comunicación con el arrendador

Tras el divorcio, es conveniente informar al propietario de la nueva situación familiar y de quién va a permanecer en la vivienda. Aunque no es obligatorio, una comunicación clara puede facilitar acuerdos como:

• Cambio de titularidad del contrato a favor del cónyuge que se queda.
• Extinción del contrato de mutuo acuerdo y búsqueda de una nueva vivienda.
• Renegociación de la renta o de las garantías para evitar impagos.

Procedimiento de desahucio por impago

Si se acumulan varias mensualidades impagadas, el arrendador puede presentar una demanda de desahucio. En ese procedimiento, se reclamará tanto la posesión de la vivienda como las rentas debidas, y se dirigirá contra todos los arrendatarios y, en su caso, contra los avalistas. El hecho de que exista un divorcio o un convenio regulador no impide el desahucio si no se paga.

Fianza, garantías y avalistas en caso de impago

La fianza y las garantías adicionales (depósitos, avales bancarios, avalistas personales) juegan un papel relevante cuando se produce un impago del alquiler tras el divorcio. Es frecuente que los padres de uno de los cónyuges hayan actuado como avalistas, lo que complica aún más las consecuencias del incumplimiento.

Aplicación de la fianza

El arrendador puede aplicar la fianza a la cobertura de rentas impagadas, suministros o desperfectos al finalizar el contrato. Sin embargo, mientras el contrato siga vigente, no está obligado a hacerlo y puede preferir reclamar directamente las rentas a los arrendatarios, manteniendo la fianza como garantía adicional.

Responsabilidad de los avalistas

Los avalistas responden de la deuda de alquiler en los términos pactados en el contrato. El divorcio de los arrendatarios no modifica su obligación, de modo que el propietario puede dirigirse contra ellos si los inquilinos no pagan. Esto puede generar conflictos familiares añadidos, especialmente cuando el impago se debe a la conducta de uno solo de los cónyuges.

• El avalista puede repetir contra el cónyuge que ha provocado el impago.
• Es posible negociar la liberación del avalista al modificar el contrato tras el divorcio.
• Conviene revisar la duración y alcance del aval al firmar el contrato inicial.

Cómo actuar si tu ex pareja deja de pagar el alquiler

Si tu ex pareja, que es quien permanece en la vivienda de alquiler, deja de pagar, es fundamental actuar con rapidez para minimizar el impacto económico y legal sobre ti. La inacción puede derivar en una deuda creciente, inclusión en ficheros de morosos y un procedimiento de desahucio que afecte a tu historial como inquilino.

Pasos recomendados

• Verificar la situación real: solicita al arrendador un extracto de pagos o justificantes de las mensualidades abonadas.
• Comunicación inmediata: habla con tu ex pareja para intentar un acuerdo de pago o una solución amistosa.
• Notificar por escrito: envía un burofax o comunicación fehaciente dejando constancia de tu oposición al impago y de tu disposición a regularizar tu parte.
• Negociar con el arrendador: plantea alternativas como asumir temporalmente el pago a cambio de rescindir el contrato o modificar la titularidad.
• Asesoramiento jurídico: consulta con un abogado especializado en familia y arrendamientos para valorar demandas de reclamación de cantidad o modificación de medidas.

Impacto en hijos menores y medidas de protección

El impago del alquiler y un eventual desahucio pueden tener un impacto directo en los hijos menores, que pueden verse obligados a cambiar de domicilio de forma precipitada, de colegio o de entorno social. Los jueces de familia tienen en cuenta el interés superior del menor al adoptar medidas relacionadas con la vivienda, pero esto no impide que el arrendador ejerza sus derechos si no se paga la renta.

Medidas de protección posibles

• Fijar en el convenio regulador quién asume el alquiler como parte de la contribución a los alimentos.
• Solicitar medidas cautelares si el impago pone en riesgo inmediato la vivienda de los menores.
• Valorar ayudas públicas al alquiler o prestaciones sociales en casos de vulnerabilidad.
• Buscar alternativas habitacionales con antelación si se prevé la imposibilidad de mantener el alquiler actual.

Aunque el interés del menor es prioritario en el ámbito de familia, no puede imponerse al derecho del propietario a recuperar su vivienda si no se abona la renta. Por ello, la mejor protección para los hijos pasa por una planificación responsable y por el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del divorcio.

Recomendaciones para redactar el convenio regulador

El convenio regulador es la herramienta clave para prevenir conflictos futuros relacionados con el alquiler y el impago de uno de los cónyuges. Una redacción detallada y previsora puede evitar litigios posteriores y ofrecer seguridad tanto a los ex cónyuges como, indirectamente, al arrendador.

Cláusulas recomendables

• Identificación del contrato de alquiler: dirección, arrendador, fecha y partes firmantes.
• Atribución del uso de la vivienda: a qué cónyuge se asigna y por cuánto tiempo.
• Responsabilidad del pago: quién asume la renta mensual, en qué proporción y cómo se articula el pago (transferencias, domiciliación, etc.).
• Suministros y gastos asociados: luz, agua, gas, comunidad, seguro del hogar, impuestos repercutidos.
• Obligación de informar al arrendador: compromiso de comunicar el divorcio y, en su caso, solicitar la modificación del contrato.
• Consecuencias del impago: posibilidad de reclamar judicialmente, compensaciones, plazos de subsanación.
• Cambio de vivienda: protocolo a seguir si se rescinde el contrato o se decide mudarse a otra vivienda.

Ejemplos prácticos y casos habituales

Analizar casos prácticos ayuda a comprender mejor cómo se aplican en la realidad las normas sobre divorcio, alquiler e impago del otro cónyuge. A continuación se exponen varios supuestos frecuentes y su posible solución jurídica, siempre con carácter orientativo.

Caso 1: ambos figuran en el contrato y uno deja de pagar

Una pareja alquila una vivienda y ambos firman como arrendatarios. Tras el divorcio, la vivienda se atribuye a la esposa, que se queda con los hijos. El convenio establece que ella asumirá el pago íntegro del alquiler. Pasados unos meses, deja de pagar tres mensualidades. El arrendador reclama la deuda a ambos y presenta demanda de desahucio.

En este escenario, el marido puede verse obligado a pagar la deuda para evitar el desahucio y proteger a sus hijos, aunque no viva en la vivienda. Posteriormente, podrá reclamar a su ex esposa las cantidades abonadas en su lugar, aportando el convenio regulador y los justificantes de pago como prueba.

Caso 2: contrato solo a nombre de un cónyuge

El contrato de alquiler está solo a nombre del marido, pero tras el divorcio el juez atribuye el uso de la vivienda a la esposa y a los hijos. El marido se marcha y deja de pagar el alquiler, alegando que no vive allí. El arrendador le reclama las rentas impagadas.

Aunque no use la vivienda, el marido sigue siendo el único arrendatario frente al propietario y, por tanto, responsable del pago. Podrá solicitar una modificación de medidas para que el juez obligue a la esposa a asumir el alquiler o para que se busque una alternativa habitacional, pero mientras tanto deberá responder frente al arrendador.

Caso 3: avalistas afectados por el impago

Los padres de la esposa actúan como avalistas en el contrato de alquiler. Tras el divorcio, el marido se queda en la vivienda y acuerda pagar el alquiler. Deja de hacerlo y el arrendador reclama la deuda a los avalistas, que se ven obligados a pagar varias mensualidades para evitar el desahucio.

Los avalistas podrán reclamar al marido las cantidades abonadas, pero el proceso puede ser largo y costoso. Este caso pone de manifiesto la importancia de revisar y, si es posible, renegociar las garantías del contrato tras el divorcio, especialmente cuando el ocupante de la vivienda no es el hijo del avalista.

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