Divorcio y deudas del negocio: cómo actuar sin errores

Divorcio y deudas del negocio: por qué se complica y dónde se suelen cometer errores

Las deudas vinculadas a un negocio no “desaparecen” por el divorcio, y a menudo conviven varias capas a la vez: préstamos del negocio, deudas con proveedores, avales personales, tarjetas, impuestos y, en paralelo, los gastos familiares y de los menores. El primer error habitual es mezclar planos y confiar en acuerdos verbales: la entidad financiera y los acreedores exigirán el pago según los contratos firmados, con independencia de lo pactado entre cónyuges.

En la práctica, suele ayudar diferenciar la deuda con terceros de los ajustes internos entre ustedes, y también anticipar qué ocurrirá si hay impagos a corto plazo, por ejemplo mediante una reclamación de impagos a proveedores cuando el negocio está tensionado y hay que ordenar prioridades sin comprometer la estabilidad familiar.

• Identifique si el negocio es actividad de autónomo, sociedad o empresa familiar, y quién figura como deudor o avalista.
• Separe las deudas con terceros de los pactos internos, y asuma que el tercero reclamará según el contrato.
• Revise el régimen económico matrimonial para saber qué masa patrimonial puede verse afectada.
• Si hay menores, priorice que el acuerdo cubra gastos ordinarios y extraordinarios con un calendario realista.
• Evite firmar un convenio sin haber cruzado números, riesgos y documentación bancaria y fiscal básica.

Marco legal aplicable: familia, deudas y ejecución en un divorcio en España

El encaje típico está en el Derecho de familia (medidas sobre hijos, pensiones, uso de vivienda), y en el régimen económico matrimonial (gananciales, separación de bienes u otros) para ordenar patrimonio y cargas. En paralelo, la vía procesal y de ejecución es relevante: un convenio homologado o una sentencia se pueden ejecutar si hay incumplimientos, pero eso no sustituye la relación jurídica con bancos y acreedores.

Además, desde 2015 existen supuestos de formalización ante notario en separaciones y divorcios sin hijos menores, lo que exige aún más disciplina documental. Si hay menores o mayores dependientes, el interés del menor condiciona los acuerdos y el control judicial suele ser más intenso cuando las medidas afectan a su bienestar económico.

• Revise qué medidas familiares deben fijarse sí o sí: custodia, visitas, alimentos, gastos y, si procede, vivienda.
• Identifique si la deuda es común, privativa o mixta según origen, finalidad y documentación.
• Distinga entre atribuir el pago entre cónyuges y la obligación frente al acreedor, que no se altera por el convenio.
• Valore si conviene pedir medidas provisionales cuando hay urgencia económica o riesgo de impago.
• Compruebe el encaje del trámite: mutuo acuerdo, contencioso, y si es posible o no una vía notarial.

Requisitos, plazos y pasos previos: qué revisar antes de pactar nada sobre deudas

Antes de negociar un convenio o de presentar demanda, conviene hacer un inventario mínimo fiable. No se trata solo de “bienes”, sino de obligaciones: préstamos, pólizas, líneas de crédito, deudas con Hacienda o Seguridad Social, contratos de alquiler del local, y especialmente avales personales. Sin ese mapa, es fácil aceptar compromisos inviables o dejar fuera riesgos que reaparecerán cuando llegue el primer impago.

Los plazos procesales varían según la vía y la carga de trabajo del órgano judicial, y también según la complejidad de las medidas y de la prueba. Lo más práctico es trabajar con hitos: fecha de corte para recopilar documentación, primera propuesta económica, revisión de borradores, y decisión sobre si se necesita una medida provisional para contener daños mientras se tramita el asunto.

• Reúna contratos, pólizas, escrituras y extractos que acrediten deudas, avales y movimientos relevantes.
• Defina una fecha de corte para el inventario y documente cualquier deuda nueva que aparezca después.
• Si hay menores, prepare un presupuesto familiar realista y un calendario de pagos y gastos.
• Si el negocio está tensionado, priorice un plan de continuidad y control de pagos esenciales.
• Evite compromisos genéricos del tipo “yo me hago cargo de todo” sin cuantificar ni prever escenarios.

Derechos, obligaciones y límites: qué puede pactarse y qué no cuando hay acreedores

En un convenio regulador se pueden pactar reglas internas de reparto, compensaciones y asunción de cargas entre ustedes, pero eso no suele vincular a terceros si no participan en el acuerdo. Por ejemplo, si ambos firmaron un préstamo, el banco puede reclamar a cualquiera de los dos, aunque el convenio diga que paga solo uno. En ese punto, el convenio sirve para reclamar entre ustedes, no para liberar obligaciones frente al acreedor.

También existen límites por interés del menor: no es razonable “financiar” el negocio sacrificando alimentos o gastos básicos. Si hay riesgo de impago, conviene estructurar medidas realistas, con reglas de transparencia y mecanismos de ajuste, para que la carga económica familiar no dependa de promesas difíciles de cumplir.

• Compruebe quién es deudor, codeudor y avalista en cada contrato, y qué consecuencias tiene el impago.
• En acuerdos, diferencie obligaciones con terceros y compensaciones internas, y deje esto por escrito con claridad.
• No “compense” deudas del negocio con alimentos sin un encaje claro y sin proteger el interés del menor.
• Incluya reglas de información económica mínima para evitar sorpresas y facilitar revisiones futuras.
• Si hay vivienda familiar, valore cómo impactan las deudas en la capacidad real de mantenerla.

Costes y consecuencias habituales: lo que suele ocurrir si se pacta mal o tarde

Cuando no se ordena bien la deuda del negocio, los problemas suelen aparecer por tres vías: reclamaciones de acreedores, tensión de tesorería familiar y conflicto por incumplimientos del convenio o de la sentencia. A veces el problema no es que falte voluntad, sino que el acuerdo se construyó sobre una previsión de ingresos irreal o sin contemplar pagos prioritarios, impuestos o vencimientos.

También es frecuente que una parte asuma pagos para “evitar males mayores” y luego quiera recuperar ese dinero sin haber dejado trazabilidad. Si no se documenta, la discusión se vuelve probatoria: qué se pagó, por qué, con qué finalidad y si era deuda común o privativa. Eso se traduce en más conflicto y más costes emocionales y económicos.

• Calcule el coste real de la deuda: principal, intereses, comisiones, vencimientos y riesgo de ejecución por impago.
• Evalúe el impacto en gastos de menores y en estabilidad familiar, no solo en “quién paga qué”.
• Anticipe escenarios: caída de ingresos, cierre del negocio, refinanciación, y cómo afectará a las medidas.
• Si se prevén impagos, evite pactos rígidos y plantee mecanismos de ajuste con prueba y fechas claras.
• No confunda “pagar por urgencia” con “solucionar el reparto”: documente y regule compensaciones.

Pruebas y documentación útil: lo que conviene reunir antes y durante el proceso

En divorcio, gran parte del resultado práctico depende de lo que pueda acreditarse. Cuando hay negocio, la prueba económica cobra un peso especial: ingresos reales, gastos del menor, deudas vencidas y no vencidas, garantías, y aportes de cada parte. La clave no es acumular papeles sin orden, sino construir una trazabilidad que permita explicar qué ocurre y por qué la medida propuesta es realista.

Si ya existe negociación, los borradores y comunicaciones pueden ser útiles para entender qué se ofreció, qué se aceptó y con qué condiciones. En caso de conflicto, esa trazabilidad ayuda a reconstruir acuerdos previos y a evitar discusiones basadas en recuerdos o interpretaciones contradictorias.

• Contratos de préstamo, pólizas de crédito, avales, escrituras y cualquier documento que identifique deudor y garantías.
• Borradores de convenio regulador, propuestas previas o acuerdos parciales, con fechas y versiones identificables.
• Extractos bancarios, nóminas, declaraciones de IRPF, justificantes de ingresos del negocio y pagos relevantes.
• Documentación de gastos de menores: escolaridad, salud, actividades, y un histórico de pagos y comunicaciones.
• Comunicaciones relevantes entre ustedes y con terceros (correo, mensajería, burofax), preservadas de forma íntegra.

Pasos para actuar con orden: plan práctico para no agravar el problema

Una actuación ordenada combina dos planos: estabilidad familiar y orden económico. Si el negocio está en riesgo, conviene proteger el cumplimiento de obligaciones esenciales y, al mismo tiempo, evitar decisiones impulsivas que comprometan patrimonio familiar sin control. En ocasiones es preferible acordar medidas provisionales que fijen reglas básicas mientras se completa el inventario y se negocia el convenio definitivo.

Si ya hay procedimiento en marcha, el enfoque cambia: se trata de aportar prueba útil, mantener coherencia en las cifras y preparar una propuesta de medidas que pueda sostenerse en el tiempo. Una medida inviable puede generar incumplimientos y ejecuciones, lo que añade presión a una situación ya tensa.

• Haga un inventario de deudas y garantías con documentos, y actualícelo con fecha de corte y anexos.
• Defina prioridades de pago que no comprometan gastos básicos de menores ni obligaciones familiares esenciales.
• Valore medidas provisionales si hay urgencia, riesgo de impago o necesidad de reglas claras de gasto inmediato.
• Prepare una propuesta económica completa: ingresos, gastos, deuda, vivienda, y mecanismos de ajuste razonables.
• Documente cualquier pago extraordinario y su finalidad, para evitar futuras disputas sobre compensaciones.

Notificaciones y negociación: cómo plantear propuestas sin cerrar puertas ni asumir riesgos

En negociaciones de familia con negocio, conviene que las comunicaciones sean claras, respetuosas y verificables. No se trata de “ganar”, sino de evitar compromisos que exploten meses después. Una propuesta sólida suele incluir cifras, calendario y condiciones, y no solo una frase sobre quién paga la deuda. Si hay tensión, un canal formal y ordenado puede evitar malentendidos y escaladas.

También es prudente evitar presiones para firmar con urgencia sin revisión: los convenios se leen como contratos con consecuencias, y lo firmado condiciona modificaciones posteriores. Si la otra parte rechaza compartir información mínima, eso ya es un dato relevante para decidir si conviene formalizar medidas provisionales o acudir al procedimiento contencioso.

• Prepare una propuesta por escrito con cifras, anexos y calendario, evitando compromisos ambiguos.
• Use un sistema de intercambio de documentos con versiones y fechas para que cada cambio quede identificado.
• Evite firmar si no entiende cómo se cumplen los pagos en escenarios de caída de ingresos o impagos del negocio.
• Si hay menores, incluya reglas claras sobre gastos ordinarios y extraordinarios, con justificantes y plazos.
• Cuando haya desequilibrio o conflicto, valore mediación o asistencia letrada para ordenar la negociación.

Vías de tramitación o regularización: mutuo acuerdo, contencioso y ajustes posteriores

La vía depende de la situación familiar y de la posibilidad real de acuerdo. Si hay consenso y documentación suficiente, el mutuo acuerdo permite fijar medidas y, cuando procede, abordar la liquidación del régimen económico. Si no hay acuerdo, el contencioso puede ser necesario, especialmente si hay ocultación de información, riesgo económico o discrepancias sobre menores.

Cuando el conflicto principal es la deuda del negocio, a veces conviene separar fases: primero estabilizar medidas familiares (custodia, alimentos, vivienda) y después ordenar el patrimonio y las cargas con más calma y prueba. En todo caso, lo importante es que la vía elegida sea compatible con la urgencia real y con la protección de los menores.

• Valore mutuo acuerdo si existe transparencia económica mínima y voluntad de pactar con cifras verificables.
• Considere contencioso si hay riesgo patrimonial, negativa a aportar documentación o conflicto grave sobre menores.
• En supuestos sin hijos menores, compruebe si es viable una formalización notarial y qué documentos exige.
• Planifique la liquidación del régimen económico como una fase con inventario, valoración y acuerdos claros.
• Si hay incumplimientos, conozca la vía de ejecución y prepare prueba del incumplimiento y de su impacto.

Si ya se ha firmado o ya se ha actuado: cómo revisar convenio, medidas provisionales o sentencia

Si ya firmó un convenio regulador o ya hay resolución judicial, el primer paso es revisar literalmente el texto y sus anexos: qué se pactó sobre deudas, qué se atribuyó como carga, qué se dijo sobre vivienda, pensiones y gastos, y si hay reglas de información o revisión. En muchos casos, el problema no es “qué se quiso decir”, sino qué dice el documento y si se puede ejecutar o modificar.

Si la situación económica cambió (cierre del negocio, caída de ingresos, aparición de deudas relevantes), puede plantearse una modificación de medidas si concurren requisitos de cambio sustancial y acreditable. Si lo que hay es incumplimiento, la vía suele ser la ejecución. Elegir bien entre modificar o ejecutar, y preparar prueba, suele ser decisivo para no perder tiempo y para evitar actuaciones contraproducentes.

• Revise el convenio o la sentencia con foco en deudas, avales, gastos de menores, vivienda y reglas de pago.
• Documente el cambio económico con prueba objetiva: ingresos, IRPF, extractos, evolución del negocio y deudas.
• Distinga entre incumplimiento (posible ejecución) y cambio estructural (posible modificación de medidas).
• Si ha pagado deudas que correspondían a la otra parte, preserve justificantes y explique finalidad y contexto.
• Evite decisiones unilaterales que afecten a menores o vivienda sin cobertura documental ni estrategia procesal.

Preguntas frecuentes

Estas respuestas son orientativas y deben ajustarse a la documentación y a su régimen económico matrimonial. En caso de duda, una revisión del convenio y de los contratos de deuda suele ser el punto de partida más útil.

P: ¿El convenio regulador puede liberar a mi expareja de un préstamo firmado por ambos?

R: Frente al banco, normalmente no. El convenio ordena obligaciones internas entre ustedes, pero el acreedor reclamará según el contrato. El convenio puede servir para repetir entre cónyuges si uno paga más de lo pactado.

P: Si el negocio es de uno solo, ¿las deudas siempre son privativas?

R: No siempre. Depende de quién firmó, de si hay avales, de la finalidad, del régimen económico y de cómo se financiaron pagos con dinero común. Por eso es clave revisar contratos y trazabilidad bancaria.

P: ¿Puedo reducir una pensión si el negocio va mal?

R: Puede ser posible si existe un cambio sustancial, relevante y acreditable en ingresos o circunstancias. No es automático, y conviene valorar si procede modificación de medidas y qué prueba económica es necesaria.

P: ¿Qué hago si he pagado yo deudas que, según el convenio, debía pagar la otra parte?

R: Reúna justificantes de pago, identifique la deuda y revise la cláusula correspondiente. Según el caso, puede plantearse una reclamación interna o una ejecución si el incumplimiento es de una obligación fijada en resolución judicial.

P: ¿Conviene pedir medidas provisionales cuando hay riesgo de embargo por deudas del negocio?

R: En algunos casos sí, especialmente para fijar reglas de gastos familiares, uso de vivienda y aportaciones mientras se tramita el procedimiento. La conveniencia depende de urgencia, documentación y de la situación de los menores.