Divorcio y deudas por compras impulsivas del cónyuge

Contexto y encaje del problema en un divorcio

Cuando se habla de “compras impulsivas” en el matrimonio, normalmente se está describiendo un patrón de gasto no planificado que puede generar deudas con tarjetas, créditos al consumo, financiación en comercios o descubiertos bancarios. En un divorcio, el conflicto no es solo moral o emocional, sino patrimonial: determinar si esa deuda es privativa de quien la contrajo o si debe asumirse por ambos, total o parcialmente.

En derecho de familia, este problema suele encajar en dos planos. Primero, en las medidas económicas del proceso de separación o divorcio, cuando la deuda afecta a la capacidad de pago, a la pensión de alimentos o a la organización de gastos. Segundo, y con frecuencia, en la liquidación del régimen económico matrimonial, especialmente si existía sociedad de gananciales o un régimen de participación. En España, además, el análisis puede variar si se aplica derecho civil especial (por ejemplo, en determinados territorios con regulación propia), por lo que conviene confirmar qué normativa rige su matrimonio.

• Identificar el régimen económico matrimonial vigente (gananciales, separación de bienes u otro).
• Distinguir entre deuda frente a terceros (banco, financiera) y reparto interno entre cónyuges.
• Separar gastos ordinarios del hogar de gastos personales o extraordinarios sin beneficio familiar.
• Valorar si hubo consentimiento, conocimiento o tolerancia del otro cónyuge.
• Planificar cómo se reflejará la deuda en el convenio regulador o en la sentencia.

Marco legal aplicable: deudas conyugales y divorcio en España

La base normativa principal se encuentra en el Código Civil, que regula el matrimonio, los efectos económicos y los regímenes matrimoniales. En particular, la calificación de una deuda como ganancial o privativa depende de su origen, finalidad y del régimen aplicable. También es relevante la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el cauce procesal del divorcio, las medidas provisionales, la ejecución y, en su caso, los procedimientos vinculados a la liquidación.

Si el divorcio es de mutuo acuerdo, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria puede ser relevante cuando se formaliza ante notario (cuando proceda) o cuando se tramitan determinados expedientes. En todo caso, el hecho de que una deuda sea “injusta” desde un punto de vista personal no determina por sí mismo su atribución jurídica. En España, la clave suele estar en la prueba del destino del dinero, el momento en que se contrajo la deuda y la estructura patrimonial del matrimonio.

• Código Civil: reglas sobre regímenes económicos, cargas del matrimonio y sociedad de gananciales.
• Deuda frente a terceros: la entidad acreedora reclamará según el contrato firmado y la titularidad.
• Reparto interno: puede discutirse en convenio, en liquidación o en procedimientos posteriores.
• Proceso civil: medidas provisionales, aportación de documentación y ejecución de resoluciones.
• Derecho civil especial: en algunos territorios puede haber reglas propias sobre régimen económico.

Requisitos, plazos y pasos previos antes de decidir

Antes de asumir, negar o repartir una deuda por compras impulsivas, conviene hacer un diagnóstico documental. En divorcios, los errores más costosos suelen venir de decisiones rápidas sin inventario, sin revisar contratos y sin separar lo que es una obligación frente a terceros de lo que es un ajuste interno entre cónyuges.

En cuanto a plazos, no existe un único “plazo general” para discutir todas las cuestiones, porque depende del momento procesal y de la vía elegida. Por ejemplo, una medida provisional puede solicitarse al inicio del procedimiento si la situación económica es urgente. La liquidación del régimen económico matrimonial puede abordarse en momentos distintos, y la ejecución de lo pactado o sentenciado tiene su propio cauce. Por ello, en España es importante coordinar estrategia procesal y documentación desde el primer paso.

• Reunir contratos de préstamo, tarjetas, financiaciones y condiciones firmadas.
• Solicitar extractos bancarios completos del periodo relevante y movimientos de tarjetas.
• Identificar titulares, cotitulares, avalistas y autorizados en cuentas y productos.
• Separar deuda anterior al matrimonio, durante el matrimonio y posterior a la ruptura de hecho.
• Decidir si conviene pedir medidas provisionales para evitar nuevos cargos o deterioro patrimonial.

Derechos, obligaciones y límites: quién responde y hasta dónde

La pregunta “¿me pueden obligar a pagar sus compras impulsivas?” tiene dos respuestas distintas. Frente al acreedor, responde quien firmó el contrato o quien figure como deudor, cotitular o avalista. En cambio, entre cónyuges, puede discutirse si esa deuda debe considerarse carga del matrimonio, deuda ganancial o deuda privativa, y cómo se compensa en la liquidación.

En sociedad de gananciales, ciertos gastos vinculados a las necesidades ordinarias de la familia suelen tener un tratamiento diferente a gastos personales, caprichos o consumos no orientados al interés familiar. Sin embargo, la calificación no se decide por etiquetas, sino por hechos acreditables. En separación de bienes, el punto de partida es que cada uno responde de sus deudas, aunque pueden existir obligaciones por gastos familiares o por deudas asumidas conjuntamente. En España, además, la protección del interés del menor puede influir en medidas económicas, aunque no “convierte” automáticamente una deuda en compartida.

• Comprobar si usted figura como titular, cotitular, avalista o autorizado en el producto.
• Analizar el destino del gasto: hogar, menores, necesidades ordinarias o gasto personal.
• Valorar si existió consentimiento expreso o tácito, o si hubo oposición documentada.
• Revisar si hubo disposición de dinero común para fines ajenos a la familia.
• Evitar acuerdos genéricos: es preferible detallar deuda por deuda y su tratamiento.

Costes y consecuencias habituales si no se ordena la deuda

Las deudas por compras impulsivas no solo afectan al reparto patrimonial. También pueden impactar en la estabilidad económica tras el divorcio, en la capacidad de asumir pensiones y gastos de los menores, y en la posibilidad de acceder a financiación o alquiler. Si se deja el problema “para después”, suele encarecerse por intereses, comisiones, impagos y conflictos de ejecución.

En el plano procesal, una mala gestión puede traducirse en más incidentes, más solicitudes de aclaración o ejecución y más dificultad para cerrar la liquidación. En España, además, si existen medidas vigentes y una de las partes incumple pagos que afectan indirectamente a la economía familiar, el conflicto puede contaminar la relación parental y complicar la coordinación sobre gastos de los menores.

• Intereses y recargos por impago, con aumento rápido del saldo.
• Riesgo de reclamaciones judiciales de acreedores y embargos sobre cuentas o nóminas.
• Deterioro de la solvencia y dificultades para alquilar o financiar vivienda.
• Bloqueo de la liquidación de gananciales por falta de inventario o por discusión del pasivo.
• Conflicto añadido en la coparentalidad si la deuda afecta a gastos ordinarios de los menores.

Pruebas y documentación útil para acreditar compras impulsivas y su impacto

En conflictos por deudas, la prueba es el eje. No basta con afirmar que el gasto fue “impulsivo” o “innecesario”. Lo que suele funcionar es reconstruir el circuito del dinero: de dónde salió, quién contrató, en qué se gastó y si hubo beneficio familiar. Cuanto más trazable sea la información, más fácil será negociar o sostener una posición en sede judicial.

También es importante diferenciar entre prueba económica y prueba de contexto. La primera se centra en contratos, extractos y recibos. La segunda puede incluir comunicaciones que acrediten oposición, falta de consentimiento o acuerdos previos. En España, la obtención y aportación de documentos debe hacerse con cautela y respeto a la legalidad, evitando accesos indebidos a cuentas o dispositivos ajenos.

• Contratos de tarjeta, préstamo o financiación, con condiciones y titulares.
• Extractos bancarios y de tarjetas con movimientos completos y fechas, para trazabilidad.
• Recibos, facturas y justificantes de compra, especialmente si son bienes no familiares.
• Nóminas, declaraciones tributarias y otros documentos económicos para contextualizar capacidad de pago.
• Borrador de convenio regulador o propuesta de plan de parentalidad donde se reflejen criterios de gastos y deudas.

Pasos para actuar con orden y reducir riesgos

Si sospecha o confirma que existen deudas por compras impulsivas, el primer objetivo no es discutir, sino estabilizar la situación: conocer el saldo real, evitar que crezca y documentar. Después, ya podrá decidir si conviene un acuerdo, medidas provisionales o una estrategia orientada a la liquidación del régimen económico matrimonial.

Actuar con orden también implica separar el plano personal del plano jurídico. Es comprensible sentirse traicionado, pero en un procedimiento de familia lo que suele ser determinante es la coherencia documental y la proporcionalidad de las medidas solicitadas. En España, una actuación precipitada puede generar más litigio y menos control sobre el resultado.

• Hacer un listado de todas las deudas: entidad, producto, titularidad, saldo, cuota y fecha de contratación.
• Solicitar certificados de deuda o posiciones a las entidades, cuando sea posible.
• Revisar domiciliaciones y autorizaciones en cuentas comunes y limitar operativa si procede.
• Definir una fecha de referencia (ruptura de convivencia o demanda) para ordenar el análisis.
• Preparar una propuesta de reparto o compensación realista para el convenio o para la liquidación.

Notificaciones y negociación: cómo comunicar y pactar sin perder control

La comunicación con el otro cónyuge y, en su caso, con entidades financieras debe ser prudente y documentada. No se trata de escalar el conflicto, sino de dejar constancia de su posición y de proponer un marco de intercambio de información. En separaciones con menores, conviene además evitar que el conflicto económico invada la comunicación parental.

Negociar no significa ceder sin criterio. Significa convertir un problema difuso en un acuerdo verificable: qué deudas existen, quién las paga frente a terceros, cómo se compensa internamente y qué ocurre si hay impago. En España, un convenio regulador bien redactado reduce incidentes posteriores, pero debe ser compatible con la realidad contractual y con la capacidad económica de cada parte.

• Proponer por escrito un intercambio de documentación económica con calendario y formato.
• Evitar acuerdos verbales sobre pagos de deudas: todo debe quedar reflejado y fechado.
• Incluir en el convenio cláusulas claras sobre deudas: identificación, cuotas, vencimientos y compensaciones.
• Prever qué ocurre con deudas desconocidas que aparezcan después (mecanismo de revisión).
• Si hay menores, coordinar el acuerdo de deudas con el reparto de gastos ordinarios y extraordinarios.

Vías de reclamación o regularización: del acuerdo a la vía judicial

Si no hay acuerdo, existen vías para ordenar la situación. En el procedimiento de divorcio pueden discutirse medidas económicas y aportarse documentación para contextualizar la capacidad de pago. Sin embargo, la atribución definitiva de deudas y compensaciones suele abordarse con más precisión en la liquidación del régimen económico matrimonial, donde se inventaría el activo y el pasivo y se fijan adjudicaciones y reintegros.

También puede ser necesario acudir a la ejecución si una parte incumple lo pactado o lo resuelto. Y, en paralelo, no debe olvidarse la relación con terceros acreedores: aunque usted tenga un acuerdo interno, la entidad puede reclamar conforme al contrato. En España, por ello, la regularización ideal combina un acuerdo familiar bien documentado con una solución bancaria viable (cancelación, subrogación, novación o refinanciación, según el caso).

• Mutuo acuerdo: convenio regulador con inventario de deudas y reglas de compensación.
• Contencioso: solicitud de medidas y aportación de prueba económica para fijar un marco estable.
• Liquidación del régimen económico matrimonial: inventario, valoración y reparto del pasivo.
• Ejecución: si se incumple el convenio o la sentencia en lo relativo a pagos o compensaciones.
• Negociación con acreedores: adaptar el acuerdo interno a la realidad contractual para evitar reclamaciones.

Si ya se ha firmado convenio, hay sentencia o medidas vigentes

Si ya firmó un convenio regulador, existe sentencia o hay medidas provisionales vigentes, lo primero es revisar el texto exacto y comprobar qué se pactó sobre deudas, cuentas, tarjetas, préstamos y compensaciones. Muchas personas recuerdan el acuerdo “en general”, pero los problemas aparecen en los detalles: qué deuda concreta, qué importe, qué fecha, qué obligación y qué consecuencia por incumplimiento.

A partir de ahí, la actuación dependerá de lo que haya ocurrido. Si han aparecido deudas no declaradas, si se han seguido generando cargos tras la ruptura, o si una parte no cumple, puede ser necesario valorar una ejecución o, en su caso, una modificación de medidas cuando el cambio sea relevante y afecte a la economía familiar. En España, la viabilidad de cada vía depende de la prueba disponible, del momento en que se conocieron los hechos y de cómo se redactó el acuerdo o la resolución.

• Localizar y revisar el convenio, la sentencia y, si existen, autos de medidas provisionales.
• Comprobar si la deuda discutida estaba identificada o si es sobrevenida o desconocida.
• Documentar el incumplimiento: impagos, reclamaciones de acreedores, cargos posteriores a la ruptura.
• Valorar ejecución para exigir lo pactado o lo resuelto, si el título es claro y exigible.
• Si el problema altera de forma sustancial la economía, estudiar la vía adecuada con asesoramiento.

Preguntas frecuentes

Estas respuestas son orientativas y deben ajustarse a su régimen económico, a los contratos firmados y a la prueba disponible. Si ya hay medidas o convenio, revise el documento antes de actuar.

P: ¿Las deudas por compras impulsivas se reparten siempre al 50% en gananciales?

R: No necesariamente. En la práctica se analiza el origen y destino del gasto, el momento en que se contrajo y si puede considerarse carga del matrimonio o gasto personal, además de la titularidad frente a terceros.

P: Si la tarjeta está a nombre de mi cónyuge, ¿pueden reclamarme a mí?

R: Frente a la entidad, normalmente responde quien firmó como titular o deudor, y también quien figure como cotitular o avalista. Otra cosa es el ajuste interno entre ustedes en la liquidación o por lo pactado en el convenio.

P: ¿Qué hago si descubro deudas después de firmar el convenio regulador?

R: Revise si el convenio contemplaba deudas desconocidas o un mecanismo de regularización. Si no, será clave documentar cuándo se conocieron, su origen y titularidad, y valorar la vía adecuada según el caso (negociación, liquidación, ejecución u otras acciones).

P: ¿Puedo pedir medidas provisionales para evitar que siga gastando?

R: Puede valorarse solicitar medidas económicas y de organización patrimonial dentro del procedimiento, pero su viabilidad depende de la situación concreta, de la urgencia y de la prueba. También es importante revisar la operativa bancaria y la titularidad de cuentas y tarjetas.

P: ¿Sirven los mensajes o correos para demostrar que yo no consentí esas compras?

R: Pueden ayudar como prueba de contexto, especialmente si muestran oposición o desconocimiento, pero suelen ser insuficientes sin soporte económico (contratos, extractos, recibos) que permita reconstruir el destino del dinero y la deuda concreta.