Pensión alimenticia y gastos dentales: claves

La pensión alimenticia y gastos dentales es una de las dudas más habituales tras una separación o divorcio. Aunque “pensión alimenticia” es la expresión de uso común, jurídicamente conviene analizar cómo encajan los gastos dentales dentro de los alimentos de los hijos y de las medidas fijadas en convenio regulador o sentencia.

Respuesta breve: no todos los gastos dentales se integran igual; su reparto puede depender de si son previsibles, necesarios, ordinarios o extraordinarios y de lo que digan las medidas vigentes. Por eso, antes de reclamar o negarse al pago, conviene revisar la documentación médica y el texto exacto del convenio o de la resolución judicial.

Qué incluye la pensión alimenticia y cómo encajan los gastos dentales

El marco legal general parte del artículo 142 del Código Civil, que define los alimentos de manera amplia e incluye lo indispensable para sustento, habitación, vestido y asistencia médica, entre otros conceptos. En las crisis matrimoniales, el artículo 93 del Código Civil sirve de referencia para que el juez fije la contribución de cada progenitor a los alimentos de los hijos.

Ahora bien, esa base legal no resuelve por sí sola todos los supuestos dentales. Habrá que valorar si el tratamiento forma parte del gasto ordinario ya cubierto por la pensión, si debe abonarse aparte como gasto extraordinario o si el propio convenio o sentencia ya prevé una regla específica de reparto.

En otras palabras: la ley ofrece el marco general, pero la solución práctica dependerá muchas veces de la redacción de las medidas paterno-filiales y de la justificación concreta del tratamiento.

Cuándo un gasto dental puede considerarse ordinario o extraordinario

En la práctica, suele distinguirse entre gastos ordinarios, que son previsibles y periódicos o asumibles dentro de la economía habitual del menor, y gastos extraordinarios, que son menos previsibles o requieren una decisión específica por su entidad o necesidad.

Con los gastos dentales no conviene usar reglas absolutas. Un mismo tipo de desembolso puede recibir una calificación distinta según el caso. Para orientarse, suele ser útil revisar estos factores:

• Necesidad del tratamiento: no pesa igual una revisión o una limpieza que un tratamiento prescrito por un profesional.
• Urgencia: si el menor necesita atención inmediata, la falta de acuerdo previo puede valorarse de forma distinta.
• Previsibilidad: si era un gasto esperable o ya conocido, puede discutirse si debía contemplarse dentro de la organización económica ordinaria.
• Importe: cuanto mayor sea el coste, más relevante suele resultar la prueba y la comunicación entre progenitores.
• Medidas vigentes: algunos convenios especifican porcentajes, necesidad de consentimiento previo o qué conceptos se consideran extraordinarios.

Además, si existe seguro médico, mutua o reembolso, eso puede influir en el importe final a repartir, pero no altera por sí solo la naturaleza jurídica del gasto.

Ortodoncia, implantes y otros tratamientos: qué conviene valorar en cada caso

En tratamientos como la ortodoncia de hijos, los implantes dentales u otras intervenciones de mayor coste, no es prudente afirmar una categoría legal cerrada. Su consideración puede depender del carácter necesario del tratamiento, de la edad del hijo, del diagnóstico y de si existe una recomendación médica suficientemente documentada.

Por ejemplo, conviene valorar:

• si hay informe odontológico o de ortodoncia que explique la necesidad clínica;
• si el tratamiento tiene finalidad funcional o principalmente estética;
• si se pidió presupuesto previo y se comunicó al otro progenitor;
• si había alternativas de coste razonable;
• si la sentencia de divorcio o las medidas paterno-filiales regulan expresamente estos supuestos.

Cómo influye el convenio regulador en el reparto de estos gastos

El artículo 90 del Código Civil encaja el papel del convenio regulador en la organización de las medidas familiares. Dentro de ese margen, los progenitores pueden pactar válidamente reglas sobre el reparto de gastos, siempre que sean conformes al interés del menor y queden aprobadas judicialmente cuando proceda.

Por eso, el primer paso práctico casi siempre es leer con detalle qué dicen las medidas vigentes sobre:

• gastos médicos, farmacéuticos u odontológicos;
• porcentaje de reparto;
• necesidad o no de consentimiento previo;
• tratamientos urgentes;
• forma de justificar facturas, presupuestos o reembolsos.

Si las medidas son ambiguas o se han quedado desactualizadas, podría valorarse una modificación de medidas. El artículo 91 del Código Civil permite modificar las medidas aprobadas judicialmente cuando cambian sustancialmente las circunstancias.

Qué hacer si el otro progenitor no paga los gastos dentales

Si no hay acuerdo, conviene empezar por una vía ordenada y documentada. Antes de pensar en una reclamación, suele ser recomendable enviar al otro progenitor el presupuesto o la factura, el informe médico y una explicación clara de por qué se considera un gasto que debe compartirse.

Si aun así persiste el desacuerdo, habrá que analizar el convenio regulador o la sentencia para valorar si procede instar una ejecución de medidas ya claras o, en otros supuestos, una modificación de medidas o la solicitud que resulte adecuada según el caso. No existe una respuesta única para todos los asuntos, porque el cauce dependerá de la redacción de las medidas vigentes y del tipo de controversia existente.

Cuando el tratamiento sea urgente, la justificación de esa urgencia y la comunicación posterior al otro progenitor suelen ser especialmente relevantes.

Errores frecuentes y documentación útil para reclamar o defenderse

• Dar por hecho que todo gasto dental está incluido en la pensión o, al contrario, que todo tratamiento dental es extraordinario.
• No revisar el texto exacto del convenio regulador o de la sentencia.
• Aceptar un tratamiento costoso sin presupuesto ni informe profesional.
• No acreditar que se informó al otro progenitor.
• Reclamar el importe íntegro sin descontar reembolsos de seguro o mutua, si existen.

La documentación que más suele ayudar es: sentencia o convenio, informes clínicos, presupuesto previo, facturas, justificantes de pago, comunicaciones entre progenitores y acreditación de posibles coberturas o reembolsos.

En resumen, los gastos dentales de los hijos no se resuelven con una fórmula automática. El análisis correcto exige distinguir entre el marco legal general, lo pactado en convenio o fijado en sentencia y las circunstancias concretas del tratamiento.

Si tiene dudas sobre cómo encaja un gasto dental concreto en sus medidas familiares, el siguiente paso razonable es revisar la documentación y obtener asesoramiento jurídico antes de reclamar o rechazar el pago.