Divorcio y terapia del menor: quién decide y quién paga

En un divorcio terapia menor es una consulta muy frecuente: si uno de los progenitores puede iniciar por sí solo un tratamiento psicológico o emocional para su hijo, si hace falta el consentimiento de ambos y cómo se reparte después el coste. La respuesta jurídica exige distinguir tres planos que no siempre coinciden: quién decide, quién paga y qué se pactó en el convenio regulador o qué fijó la sentencia.

Como regla general, la decisión sobre un tratamiento psicológico del menor suele conectarse con el ejercicio de la patria potestad, mientras que el pago puede depender de si el gasto se considera ordinario o extraordinario, de su necesidad, de su previsibilidad, de si existe prescripción o recomendación profesional y de la documentación disponible. Por eso no basta con hablar de custodia exclusiva o custodia compartida: conviene analizar la resolución existente y las circunstancias del caso.

Además, en Derecho de familia no siempre puede darse una respuesta cerrada sin revisar papeles. Habrá que valorar el contenido exacto del convenio regulador, la sentencia, los informes clínicos, las comunicaciones entre progenitores y, si existe conflicto, la forma en que se plantee la reclamación.

Quién decide la terapia del menor tras un divorcio o separación

La pregunta sobre quien decide terapia menor no se resuelve solo mirando con quién vive el hijo o qué progenitor lo atiende en el día a día. Si la terapia afecta a una cuestión relevante de salud, desarrollo emocional o intervención continuada, lo prudente es entender que la decisión puede incardinarse en la patria potestad, que normalmente sigue siendo conjunta tras la ruptura.

El artículo 156 del Código Civil sirve como referencia central: cuando la patria potestad se ejerce conjuntamente y existe desacuerdo sobre decisiones relevantes relativas a los hijos, habrá que valorar ese marco. No significa que toda consulta psicológica puntual exija siempre la misma formalidad, pero sí que, cuando se trata de iniciar un tratamiento con vocación de continuidad o trascendencia, conviene recabar la conformidad de ambos progenitores o, al menos, dejar constancia de haberla solicitado.

Por ello, una cosa es llevar al menor a una valoración inicial para detectar una posible necesidad y otra distinta decidir unilateralmente un tratamiento estable, su profesional, su frecuencia y su coste. En este segundo escenario, el conflicto suele ser mayor y la acreditación documental resulta especialmente importante, igual que ocurre en decisiones como la escolarización del menor en divorcio: cómo se decide.

Qué papel tienen la patria potestad y la custodia en esta decisión

En la práctica se confunden con frecuencia patria potestad y custodia, pero jurídicamente no son lo mismo. La custodia se refiere, en términos generales, a la convivencia, cuidado diario y organización cotidiana del menor. La patria potestad, en cambio, abarca decisiones de especial relevancia sobre su persona y bienes.

Por eso, aunque exista custodia compartida o incluso custodia atribuida principalmente a uno de los progenitores, la cuestión de autorizar una terapia psicológica puede seguir vinculada a la patria potestad conjunta. Que un progenitor tenga más tiempo de convivencia no implica por sí solo que pueda decidir siempre en solitario sobre tratamientos relevantes.

Custodia y decisión sanitaria o terapéutica: planos distintos

Hablar solo de custodia puede llevar a error. Un progenitor custodio puede gestionar muchas cuestiones cotidianas, pero cuando la decisión supera lo meramente ordinario y afecta a la esfera sanitaria, psicológica o educativa de forma sustancial, conviene revisar si estamos ante una materia propia de la patria potestad.

En otras palabras: quién decide y quién paga no siempre coinciden. Puede haber supuestos en los que un tratamiento sea aconsejable, pero el reembolso o reparto del gasto dependa de un análisis distinto.

Cuándo conviene el consentimiento de ambos progenitores y qué hacer si no hay acuerdo

Desde una perspectiva preventiva, conviene contar con el consentimiento de ambos progenitores cuando la terapia no sea una intervención aislada, implique seguimiento prolongado, tenga coste significativo o venga motivada por una situación emocional relevante del menor. También resulta recomendable cuando exista un historial previo de desacuerdos parentales sobre salud, escolarización o tratamientos.

Supuestos en los que suele ser especialmente prudente recabar consentimiento

• Cuando se pretende iniciar un tratamiento psicológico continuado.
• Cuando el profesional emite una recomendación terapéutica formal.
• Cuando el coste mensual o acumulado es relevante.
• Cuando se prevé solicitar después el reembolso de todo o parte del gasto.
• Cuando el convenio regulador exige acuerdo previo para determinados gastos extraordinarios hijos.

Si no hay acuerdo entre los progenitores

Si uno considera necesaria la terapia y el otro se opone o no responde, no conviene simplificar el problema. Habrá que valorar la urgencia, la existencia de recomendación profesional, la edad y situación del menor, y el contenido concreto de la resolución de familia. En caso de desacuerdo persistente, el artículo 156 del Código Civil es la referencia básica para las decisiones relevantes en el ejercicio conjunto de la patria potestad.

En situaciones no urgentes, suele ser útil dejar constancia escrita de la propuesta: profesional elegido, motivo del tratamiento, duración orientativa, presupuesto aproximado y documentación clínica disponible. Ese paso no garantiza el acuerdo, pero puede facilitar una solución y, si se inicia una reclamación, ayuda a acreditar que se intentó actuar con transparencia.

Si se trata de una situación urgente o de una necesidad emocional inmediata del menor, habrá que valorar las circunstancias concretas y la forma de documentarlas. La urgencia real, la indicación facultativa y el interés superior del menor pueden tener un peso relevante, pero no eliminan por sí solos cualquier discusión posterior sobre autorización o pago.

Quién paga la terapia infantil y cómo encaja como gasto ordinario o extraordinario

La cuestión de quien paga terapia infantil debe separarse de la decisión sobre autorizarla. Aunque ambos temas estén conectados, no siempre se resuelven del mismo modo. Un progenitor puede sostener que el tratamiento era necesario, pero el reparto económico dependerá de lo pactado, de la resolución judicial y de la calificación del gasto.

En el Derecho de familia español no existe una regla automática y única que diga que toda terapia psicológica del menor sea siempre gasto ordinario o siempre extraordinario. Con frecuencia, la calificación dependerá del convenio, de la sentencia, de la necesidad del tratamiento, de la urgencia, de la prescripción facultativa y de la previsibilidad del gasto.

Qué suele valorarse para calificar el gasto

• Si el tratamiento estaba o no previsto de manera razonable.
• Si responde a una necesidad acreditada del menor.
• Si existe informe, prescripción o recomendación profesional.
• Si el convenio regulador define expresamente ciertos tratamientos como ordinarios o extraordinarios.
• Si el coste es puntual o periódico.
• Si uno de los progenitores consintió previamente o fue informado de forma suficiente.

Hay convenios que incluyen cláusulas amplias sobre gastos médicos no cubiertos por la sanidad pública o por seguro privado, y otros que exigen acuerdo previo salvo urgencia. También existen resoluciones que contemplan porcentajes de reparto distintos al 50 %. Por eso, antes de reclamar el abono de sesiones ya pagadas, conviene revisar si la terapia entra en la categoría pactada o si puede discutirse su necesidad o su forma de aprobación.

Dicho de otro modo, el hecho de que un gasto sea beneficioso para el menor no implica automáticamente que deba reembolsarse en todo caso; y, a la inversa, la ausencia de acuerdo previo tampoco excluye siempre cualquier posibilidad de reclamación si concurren necesidad acreditada, urgencia o una previsión favorable en la documentación judicial.

Qué revisar en el convenio regulador o en la sentencia antes de reclamar

Antes de discutir judicial o extrajudicialmente sobre la terapia del menor, es esencial revisar qué se pactó en el convenio regulador y qué fue aprobado en la resolución judicial. El artículo 90 del Código Civil permite situar el convenio como instrumento central para ordenar las medidas personales y económicas tras la ruptura, y el artículo 91 del Código Civil recuerda la eficacia de las medidas aprobadas judicialmente mientras no se modifiquen.

Además, la posibilidad de pactar con amplitud determinadas reglas de funcionamiento familiar puede explicarse desde la autonomía de la voluntad del artículo 1255 del Código Civil, siempre dentro de sus límites. Esto no significa que el Código Civil regule expresamente la terapia del menor como figura autónoma, sino que permite entender por qué muchos convenios detallan cómo se autorizan ciertos tratamientos y cómo se distribuyen sus costes.

Documentos y cláusulas que conviene leer con detalle

• Convenio regulador: definición de gastos ordinarios y extraordinarios, necesidad o no de consentimiento previo, porcentajes de reparto.
• Sentencia o auto: si aprueba el convenio o si introduce matices propios sobre gastos o ejercicio de la patria potestad.
• Informes clínicos o psicológicos: diagnóstico, recomendación terapéutica, urgencia o conveniencia del tratamiento.
• Justificantes de pago: facturas, recibos, transferencias y detalle de sesiones.
• Comunicaciones entre progenitores: correos, mensajes o requerimientos donde conste la petición de consentimiento o la información facilitada.

Si se inicia una reclamación, esa documentación puede ser tanto o más importante que las afirmaciones generales sobre si la terapia es “necesaria” o “extraordinaria”. En muchos casos, la clave práctica está en acreditar bien el contexto, el motivo clínico y la forma en que se informó al otro progenitor.

Cuándo puede ser útil documentar el tratamiento, pedir autorización o valorar una modificación de medidas

Documentar adecuadamente la terapia del menor suele ser útil casi siempre, pero especialmente cuando ya existe conflicto sobre la patria potestad, sobre los gastos extraordinarios hijos o sobre el cumplimiento del convenio regulador. La documentación no sustituye al acuerdo, pero sí puede reducir ambigüedades y ordenar la controversia.

Qué conviene documentar de forma práctica

1. La recomendación o prescripción del profesional, si existe.
2. La fecha en que se informó al otro progenitor.
3. La solicitud de consentimiento o la propuesta concreta de tratamiento.
4. La respuesta recibida, incluida la falta de respuesta si puede acreditarse.
5. Las facturas y justificantes de pago.
6. La evolución del tratamiento y su necesidad de continuidad.

En algunos supuestos, si el problema no es solo un gasto aislado sino un desacuerdo repetido sobre decisiones de salud o atención psicológica, puede ser útil valorar una modificación de medidas. No obstante, no conviene presentar esta opción como automática: habrá que examinar si el conflicto es estructural, qué prevé la resolución vigente y si concurren circunstancias suficientes para replantear el marco existente.

Del mismo modo, cuando ya existe una resolución clara y la discusión se centra en su cumplimiento, también conviene revisar el cauce adecuado según el contenido exacto de la sentencia, del convenio y del problema concreto, pues no toda controversia sobre autorización o reembolso se encaja de la misma manera. Si se habla de ejecución de sentencia de familia o de revisión de medidas, habrá que hacerlo con esa prudencia técnica.

Fuentes oficiales verificables

• Código Civil, BOE.
• Boletín Oficial del Estado.