Gastos médicos no cubiertos: cómo reclamarlos

Tras una separación o divorcio, los gastos médicos no cubiertos de los hijos suelen generar dudas frecuentes: quién debe pagarlos, si entran en la pensión de alimentos y cómo pueden reclamarse cuando no hay acuerdo. En Derecho de familia en España, estas cuestiones se analizan normalmente dentro del marco de los gastos de los hijos menores, distinguiendo entre alimentos, gastos habituales y aquellos desembolsos que, por su naturaleza o imprevisibilidad, requieren un examen específico.

Conviene partir de una idea esencial: la ley no fija de forma automática una lista cerrada de qué gastos médicos se consideran ordinarios o extraordinarios. Habrá que valorar lo pactado en el convenio regulador, lo acordado en la sentencia o auto aplicable y las circunstancias concretas del caso, en relación con los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil, además del artículo 142 CC para contextualizar qué se entiende por alimentos.

Qué se entiende por gastos médicos no cubiertos tras el divorcio

Cuando se habla de gastos médicos no cubiertos, normalmente se alude a importes sanitarios de los hijos que no asume total o parcialmente la Seguridad Social o el seguro médico: por ejemplo, determinadas gafas, ortodoncia, terapia prescrita, tratamientos dentales, medicación no financiada o pruebas concretas.

Respuesta breve: los gastos médicos no cubiertos no se resuelven igual en todos los casos. Su reclamación suele depender de si eran previsibles, necesarios, urgentes y de cómo estén contemplados en el convenio regulador o en la resolución judicial.

El artículo 93 CC permite al juez fijar la contribución de cada progenitor a los alimentos de los hijos, mientras que el artículo 142 CC ayuda a entender que los alimentos incluyen lo indispensable para sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Ahora bien, que un gasto médico exista no significa por sí solo que su reparto quede resuelto de manera idéntica en todos los procedimientos: dependerá de la documentación y de la regulación concreta del caso.

Cuándo pueden considerarse gasto ordinario o gasto extraordinario

En la práctica judicial se suele distinguir entre gastos ordinarios, que son previsibles y periódicos, y gastos extraordinarios, que presentan notas de excepcionalidad, necesidad o falta de previsión. Sin embargo, conviene analizar cada supuesto con cautela, porque esta clasificación no aparece cerrada literalmente en el Código Civil con esos términos.

Así, un gasto sanitario puede considerarse ordinario si era previsible y venía produciéndose de forma estable, o extraordinario si surge de forma imprevista y exige un desembolso relevante. También habrá que valorar si se trata de un gasto necesario, urgente o simplemente conveniente. No es lo mismo una atención inmediata e imprescindible que un tratamiento sobre el que los progenitores discrepan y que requiere mayor justificación, como ocurre con algunas extraescolares tras la separación.

• Pueden pesar factores como la prescripción o recomendación médica.
• Puede ser relevante si existía o no autorización previa entre progenitores.
• También influye si el gasto era urgente, necesario o previsible.

Qué revisar en el convenio regulador y en la sentencia

El punto de partida práctico suele estar en el convenio regulador y en la resolución judicial que lo aprueba o fija medidas. Los artículos 90 y 91 CC son clave porque encuadran el contenido del convenio y la eficacia de las medidas judiciales tras la ruptura.

Conviene revisar si el texto menciona expresamente los gastos extraordinarios médicos, si exige consentimiento de ambos progenitores, si prevé excepciones para casos urgentes y qué porcentaje corresponde a cada uno. En algunos convenios se detallan ejemplos; en otros, la redacción es más genérica y eso puede generar conflicto interpretativo.

Si no existe una cláusula precisa, no significa que el gasto no pueda reclamarse, pero sí que habrá que valorar con más detenimiento su encaje en la pensión de alimentos o fuera de ella, así como la necesidad médica acreditada y la conducta de ambas partes.

Cómo documentar y reclamar estos gastos

Para reclamar gastos médicos de menores con mayores garantías, resulta fundamental reunir pruebas claras. Si se inicia una reclamación, la solidez del expediente puede marcar la diferencia.

• Prescripción o informe médico, si existe.
• Factura completa y justificante de pago.
• Comunicaciones entre progenitores: mensajes, correos o requerimientos.
• Cláusulas del convenio regulador o copia de la sentencia.
• Documentación del seguro o prueba de que el gasto no estaba cubierto.

Antes de acudir al juzgado, puede ser recomendable intentar una reclamación extrajudicial ordenada y documentada, explicando el importe, la necesidad del gasto y la base en la que se apoya la petición. Si hay desacuerdo, dependerá de la documentación disponible y del contenido de la resolución previa.

Cuándo puede ser necesaria una ejecución de sentencia o una modificación de medidas

Cuando existe una resolución judicial previa y uno de los progenitores incumple el pago de un gasto ya debido conforme al convenio o a la sentencia, puede plantearse una ejecución de sentencia en familia, de acuerdo con las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre ejecución forzosa de resoluciones judiciales. No obstante, conviene analizar si la obligación estaba suficientemente determinada y si el gasto encaja de forma clara en lo ya resuelto.

En cambio, si el problema es que las medidas actuales son imprecisas o han quedado desfasadas —por ejemplo, por tratamientos médicos recurrentes no previstos—, puede ser necesario estudiar una modificación de medidas. Habrá que valorar si ha cambiado la situación y si procede concretar mejor el régimen de reparto para evitar conflictos futuros.

Errores frecuentes y cuándo conviene pedir asesoramiento

Uno de los errores más comunes es dar por hecho que todo gasto sanitario no cubierto se paga siempre al margen de la pensión de alimentos. Otro error habitual es abonar un tratamiento sin comunicarlo cuando no era urgente, o reclamarlo después sin factura, sin informe médico o sin revisar antes el convenio regulador.

También puede generar problemas confundir un gasto médicamente necesario con otro que, aunque útil, exige mayor consenso o justificación. En estos supuestos, conviene analizar el caso con un profesional si hay desacuerdo, si el importe es relevante o si la redacción del convenio regulador gastos extraordinarios resulta ambigua.