Divorcio y avalistas: cómo proteger a terceros

Muchas parejas ordenan la vivienda, la custodia o las pensiones cuando se separan, pero dejan en segundo plano un problema que puede ser decisivo: divorcio y avalistas. En la práctica, se suele llamar “avalista” a cualquier tercero que respalda una deuda, aunque jurídicamente conviene distinguir si existe fianza personal, obligación solidaria, garantía hipotecaria u otra fórmula pactada en la documentación firmada.

La idea clave es sencilla: el divorcio no extingue por sí solo la responsabilidad del avalista frente al acreedor. Para proteger al tercero garante, normalmente habrá que revisar el contrato de préstamo, la escritura, las cláusulas de garantía, quién aparece como deudor y si la entidad acepta o no un cambio en esa estructura obligacional.

Desde el punto de vista jurídico, este tema se mueve entre el derecho de familia, el régimen general de obligaciones y contratos y las garantías personales. Por eso, más que buscar una supuesta “regulación del avalista en el divorcio”, lo correcto es analizar qué se pactó, quién firmó y qué efectos acepta el acreedor.

Qué pasa con los avalistas cuando hay divorcio o separación

Cuando un matrimonio se rompe, la deuda no desaparece por el solo hecho de cambiar la situación personal de los cónyuges. Si existe un fiador en un préstamo hipotecario o en otro préstamo, su posición puede mantenerse en los términos firmados mientras no se produzca una modificación válida y aceptada por las partes que corresponda.

El marco general de la fianza se encuentra en los arts. 1822 y siguientes del Código Civil. El art. 1822 CC parte de que, por la fianza, una persona se obliga a pagar o cumplir por un tercero en caso de no hacerlo este. Eso explica por qué, si se produce impago, el tercero garante puede verse afectado aunque ya exista divorcio, separación o un reparto interno de obligaciones entre los excónyuges.

Además, en materia contractual rige la autonomía de la voluntad del art. 1255 CC, dentro de los límites legales. Esto significa que habrá que atender muy especialmente a la escritura de préstamo, a la póliza o al contrato concreto para saber si estamos ante una fianza simple, una garantía solidaria, una renuncia a determinados beneficios o incluso una posición distinta a la que coloquialmente se llama aval.

Ejemplo frecuente: los padres de uno o de ambos cónyuges avalan la compra de la vivienda familiar. Años después, en el divorcio, uno de los excónyuges se queda usando la casa y asume en el convenio el pago íntegro de la hipoteca. Ese pacto puede ordenar la relación interna entre ellos, pero no necesariamente cambia la responsabilidad del avalista frente al banco.

Qué diferencia hay entre lo pactado entre los cónyuges y lo que puede exigir el banco

Aquí conviene separar claramente tres planos: la relación interna entre excónyuges, la relación externa frente al acreedor y la posición del avalista o fiador.

• Relación interna entre excónyuges: pueden pactar quién asumirá las cuotas, quién responderá de ciertos gastos o cómo se compensarán si uno paga más de lo que le corresponde.
• Relación externa frente al banco: la entidad conserva, en principio, los derechos que nacen del contrato firmado, salvo que acepte expresamente una modificación.
• Posición del avalista: dependerá del alcance de la garantía suscrita y de si el acreedor ha consentido su liberación o una alteración de la deuda garantizada en los términos legalmente exigibles.

Este punto enlaza con el art. 1205 CC, que establece que la sustitución de un deudor por otro requiere el consentimiento del acreedor. En términos prácticos, si en el divorcio se acuerda que solo uno de los excónyuges seguirá pagando el préstamo, eso no implica por sí solo que el banco acepte un cambio de deudor ni que deje sin efecto las garantías existentes.

También resulta útil recordar el art. 1317 CC: la modificación del régimen económico matrimonial no perjudica por sí sola los derechos ya adquiridos por terceros. Por eso, ni el cambio de régimen ni la liquidación interna de bienes y deudas desplazan automáticamente la posición del banco o del avalista.

Cuándo puede intentarse la liberación de aval y qué papel tienen la novación o la subrogación hipotecaria

La liberación de aval no depende solo del divorcio ni del convenio regulador. En una hipoteca o en otro préstamo, suele requerir que la entidad estudie la solvencia actual, el valor de la garantía principal, el historial de pagos y la operación concreta que se pretenda formalizar.

En la práctica, pueden valorarse varias vías, siempre según la documentación y la aceptación de la entidad:

• Novación hipoteca: modificación del préstamo para cambiar deudores, garantías, plazos u otras condiciones. No basta con que los excónyuges la deseen; habrá que ver si el banco la aprueba y en qué términos.
• Subrogación hipotecaria: en determinados supuestos puede plantearse la entrada o salida de un deudor, o el cambio de entidad, pero su viabilidad dependerá de la operación concreta y de los consentimientos necesarios.
• Aportación de nuevas garantías o amortización parcial: a veces la entidad solo estudia la salida del avalista si mejora la cobertura del riesgo.

Un ejemplo muy habitual de avalista hipoteca divorcio es el del progenitor que avaló a la pareja al comprar vivienda y después quiere dejar de estar expuesto. Jurídicamente, esa salida puede intentarse, pero no conviene darla por hecha: dependerá de la escritura, de la modalidad de garantía y de que la entidad acepte expresamente la modificación.

Si además se pretende que un excónyuge quede como único deudor, vuelve a ser relevante el art. 1205 CC: el cambio de deudor exige consentimiento del acreedor. Sin ese consentimiento, el pacto interno puede tener valor entre las partes, pero no necesariamente frente al banco.

Cómo reflejar deudas, pagos y garantías en el convenio regulador y en la liquidación de gananciales

El convenio regulador deudas puede ser una herramienta útil para ordenar la relación interna entre los excónyuges, siempre que se redacte con precisión. No “borra” el préstamo ni la garantía del tercero, pero sí puede servir para prevenir conflictos posteriores entre quienes se divorcian.

Conviene que el convenio o, en su caso, la liquidación de gananciales y deudas detalle de forma clara:

• Qué préstamos existen y con qué entidad.
• Quién figura como deudor y quién como fiador o tercero garante.
• Quién asumirá internamente el pago de cada cuota.
• Qué ocurre si uno deja de pagar y el otro o el avalista se ven obligados a responder.
• Si se solicitará una novación, subrogación o revisión de garantías ante la entidad.
• Cómo se compensarán internamente los pagos extraordinarios, amortizaciones o reclamaciones futuras.

También puede ser razonable incorporar cláusulas de colaboración documental: por ejemplo, obligación de facilitar recibos, certificados de deuda pendiente o comunicaciones del banco. Esto no sustituye la posición del acreedor, pero reduce la incertidumbre entre las partes y ayuda a detectar antes un posible incumplimiento.

Si más adelante cambian las circunstancias personales o económicas, puede valorarse una modificación de medidas respecto de las relaciones familiares, pero conviene recordar que ese cambio no equivale por sí solo a modificar la posición del acreedor ni a liberar automáticamente al avalista.

Qué riesgos existen si hay impago y cómo puede verse afectado el tercero avalista

El principal riesgo aparece si el préstamo entra en mora o si se inicia una reclamación. En ese escenario, la responsabilidad avalista dependerá del contrato y del tipo de garantía asumida. Por eso no es prudente dar respuestas idénticas para todos los casos.

Si se produce impago, pueden surgir consecuencias como las siguientes:

• Reclamación de cuotas vencidas, intereses u otros conceptos conforme al contrato y a la normativa aplicable.
• Afectación patrimonial del deudor principal y, en su caso, del tercero garante.
• Conflictos internos entre excónyuges si uno había asumido el pago en convenio y no cumple.
• Posible ejecución contra el avalista o reclamación frente al fiador, si así resulta de la documentación y de la situación de impago.

Ejemplo práctico: el convenio establece que la exesposa pagará sola la hipoteca porque permanece en la vivienda con los hijos. Sin embargo, el banco no acepta cambiar la titularidad del préstamo ni la garantía. Si pasado un tiempo deja de pagar, el excónyuge y los padres que avalaron pueden seguir expuestos frente a la entidad en la medida que resulte del contrato.

En ese contexto, el pacto interno sigue siendo útil, porque quien pague de más puede tener acciones o derechos de reembolso frente al otro, pero eso es distinto de la facultad del acreedor para reclamar según el vínculo contractual existente.

Qué documentación conviene revisar y cuándo puede ser útil pedir asesoramiento jurídico

Antes de firmar un convenio, dejar de pagar o prometer a un familiar que “quedará fuera del aval”, conviene revisar la documentación completa. En temas de deuda hipotecaria tras el divorcio, la diferencia entre una solución aparente y una protección real suele estar en los detalles.

El asesoramiento jurídico suele ser especialmente útil cuando concurre alguna de estas situaciones:

• Hay familiares que avalaron y quieren conocer su riesgo real.
• Uno de los cónyuges pretende quedarse con la vivienda y asumir el préstamo en solitario.
• Se negocia una novación hipoteca o una subrogación hipotecaria.
• Ya existen cuotas impagadas o amenazas de reclamación.
• No está claro si la garantía es fianza, solidaridad u otra figura.

En estos supuestos, revisar conjuntamente escritura, préstamo, aval y convenio puede ayudar a detectar riesgos, negociar mejor con la entidad y evitar falsas expectativas sobre una liberación que quizá no dependa solo de la voluntad de los excónyuges.

Conclusión: divorcio y avalistas, una cuestión que exige revisar el contrato real

En materia de divorcio y avalistas, la cautela principal es no confundir el reparto interno de deudas entre excónyuges con la posición jurídica del banco o del tercero garante. El divorcio puede reorganizar obligaciones entre las partes, pero no suele alterar por sí solo el préstamo, la hipoteca ni la fianza.

Si existe un familiar o tercero expuesto, lo prudente es revisar la documentación, valorar si procede solicitar una novación o subrogación y comprobar qué acepta realmente la entidad. También conviene dejar por escrito en el convenio quién paga, cómo se compensa y qué se hará si surge un impago.

Antes de firmar o dejar de pagar, puede ser un paso razonable pedir una revisión profesional de la escritura, el préstamo, el aval y el convenio para proteger mejor a todas las personas implicadas, incluido el tercero avalista.